Información de Gerardo Carmona
Esta mañana y después de una audiencia de 36 horas, que comenzó el martes pasada y terminó minutos antes de las 07:00 horas de hoy, la jueza federal Alejandra Ramírez De la Vega vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto «N» y otras siete personas por su presunta participación en una red dedicada al contrabando, distribución y comercialización irregular de combustibles, en un caso cuyas medidas cautelares se cumplirán, en su mayoría, en centros penitenciarios del Estado de México.
Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N” enfrentarán proceso por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Juan “N” y Luis “N” fueron vinculados por delincuencia organizada y contrabando, mientras que José María “N”, Guillermo “N” y Adriana “N” quedaron sujetos a proceso por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.
Durante la continuación de la audiencia inicial, celebrada después de que las defensas solicitaron la duplicidad del plazo constitucional, el juzgador consideró suficientes los datos presentados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada para abrir el proceso penal.
El juez mantuvo la prisión preventiva oficiosa para Ernesto “N”, José “N”, Ricardo “N”, Juan “N” y Luis “N”, quienes permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez.
En el caso de Guillermo “N” y José María “N”, la medida cautelar deberá cumplirse en sus domicilios. Adriana “N” permanecerá recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, en el oriente mexiquense.
De acuerdo con la investigación federal, los imputados habrían participado en operaciones irregulares para introducir al país productos derivados del petróleo y posteriormente distribuirlos y comercializarlos. La FGR sostiene que el esquema se apoyaba en declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas.
La maniobra atribuida al grupo consistía en reportar una cantidad menor a la realmente transportada o declarar el combustible como si se tratara de otro producto, con el propósito de evadir contribuciones. La fiscalía considera que estas operaciones provocaron daños al erario y generaron recursos para organizaciones criminales.
Las ocho personas fueron detenidas en un operativo coordinado con integrantes del gabinete federal de seguridad, aunque la dependencia no precisó los lugares ni las fechas de las capturas; tampoco detalló el volumen de combustible presuntamente involucrado o el monto del perjuicio fiscal.
Con la resolución judicial se inicia la etapa complementaria de la investigación.