A quince años del feminicidio de Mariana Lima Buendía, cuyo caso fue el primero que generó un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de feminicidios, su madre, Irinea Buendía Cortez, reiteró su exigencia de justicia en una ceremonia conmemorativa realizada en la explanada frente al Congreso del Estado de México.
Acompañada por diputadas locales, presentó una propuesta legislativa para tipificar como delito la negación de justicia por razones de género, que sería la primera iniciativa de este tipo en el país.
Durante la ofrenda en memoria de Mariana, Irinea Buendía denunció que el camino hacia la justicia ha sido un calvario, marcado por la indiferencia y la violencia institucional. Subrayó que tanto ella como su hija fueron víctimas de un sistema que discrimina por género, por condición económica y por el entorno social en el que vivían. «En México, la impunidad es la norma y la justicia un privilegio para unos cuantos», lamentó.
La propuesta, entregada al Congreso mexiquense con el respaldo de Jennifer González López, presidenta de la Comisión legislativa de Salud e integrante de las comisiones de Derechos Humanos y de la Niñez, contempla tres acciones clave: la tipificación del delito de negación de justicia por razones de género, la obligación de investigar toda muerte violenta de mujeres bajo el protocolo de feminicidio, y sanciones para autoridades omisas.
Con ello, se busca adicionar la fracción XXXIV al artículo 353 del Código Penal del Estado de México, que sancionaría a las y los servidores públicos que, estando obligados a investigar o sancionar un delito por razones de género, incurran en omisiones, actos de corrupción, negligencia u obstrucción de la justicia.
Asimismo, se plantea una reforma al artículo 50 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, para que la Fiscalía General de Justicia esté obligada a investigar todas las muertes violentas de mujeres y niñas con perspectiva de género y bajo el protocolo del feminicidio, incluidos suicidios y accidentes.
La iniciativa contempla penas de cuatro a diez años de prisión, entre cien y ciento cincuenta días de multa, así como la destitución e inhabilitación del cargo para quienes incurran en estos actos.
Irinea Buendía enfatizó que no se trata sólo de buscar justicia para Mariana, sino de sentar un precedente jurídico que impida que otras madres enfrenten la misma impunidad. La propuesta legislativa busca convertirse en una herramienta para frenar la revictimización y garantizar el derecho de las mujeres a la verdad, la justicia y la reparación.