Información de Gerardo Carmona
La secretaria de la Contraloría del Estado de México, Hilda Salazar Gil, pidió a los diputados locales modificar la legislación para ampliar las facultades de la dependencia y fortalecer las sanciones contra servidores públicos que incurran en irregularidades, pues actualmente sólo puede castigar faltas administrativas no graves.
“Solicito y pido nos puedan ustedes, como legisladores, apoyar con darnos estos dientes para tener mejores resultados”, expresó ante el pleno del Congreso mexiquense, durante la segunda comparecencia de la Glosa del tercer Informe de Gobierno de Delfina Gómez Álvarez. Explicó que las faltas graves corresponden al Tribunal de Justicia Administrativa y los posibles delitos se denuncian ante la Fiscalía Anticorrupción.
La funcionaria informó que, durante el periodo reportado, la Contraloría y los órganos internos de control sancionaron a dos mil 438 servidores públicos: mil 365 recibieron amonestaciones, 470 suspensiones de hasta 30 días, 12 fueron destituidos y 591 inhabilitados. La principal irregularidad fue la omisión de la declaración patrimonial, con dos mil 150 casos. Entre los sancionados hubo 24 funcionarios de nivel superior.
Ante los cuestionamientos de los legisladores, indicó que se recibieron 21 mil 727 denuncias, de las cuales 15 mil 453 fueron turnadas a órganos de control y seis mil 274 desechadas por falta de elementos u otras causas previstas en la ley. El abuso de funciones concentró siete mil 525 señalamientos y el incumplimiento de responsabilidades, cinco mil 289. Aclaró que una denuncia no equivale a una falta comprobada.
Sobre la desaparición del Instituto de Transparencia del Estado de México (Infoem), señaló que la Contraloría asumió nuevas obligaciones mediante Transparencia Mexiquense, órgano desconcentrado con autonomía técnica y operativa, y que la recepción de solicitudes de información pública no se ha interrumpido.
Detalló que actualmente reciben aproximadamente 100 solicitudes diarias, aunque el trámite de los recursos de revisión está suspendido durante la transición, para la cual se estableció un plazo de 90 días. Advirtió sobre el riesgo de acumulación de expedientes y reconoció que se requieren recursos para atender la nueva responsabilidad.
Respecto de los trabajadores del extinto Infoem, explicó que una comisión integrada por Finanzas, Consejería Jurídica, Oficialía Mayor y Contraloría supervisa la transición. La liquidación del personal estará a cargo de la persona designada por Finanzas, mientras que la dependencia vigilará el respeto a sus derechos laborales.
Salazar Gil agregó que se practicaron 135 auditorías a obras públicas, de las cuales derivaron 263 observaciones, 202 relacionadas con posibles faltas administrativas. También se efectuaron 15 auditorías a ocho programas sociales, con 54 observaciones, 40 de ellas por probables irregularidades.