En 324 cateos se han asegurado casi tres mil máquinas y más de cinco millones de pesos en monedas
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), informó que en la entidad se realiza el operativo “Dos de Bastos”, el cual consiste en la inhabilitación de máquinas “tragamonedas”, las cuales son ilegales de acuerdo con la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
El operativo se inició tras un homicidio ocurrido en Otzolotepec, relacionado con la operación de estas máquinas en la zona. Además, se busca evitar que personas, principalmente menores de edad, adolescentes y amas de casa, sean víctimas de redes de extorsión y reclutamiento de grupos delictivos.
En más de una semana de operativo, se han realizado 324 cateos en 56 municipios mexiquenses, se han asegurado entre dos mil 700 y tres mil máquinas en cuyo interior se localizó un monto mayor a cinco millones de pesos.
Además, se informó que fue clausurada una fábrica con denominación “Lucky” en el municipio de Tultitlán, dedicada a la construcción de máquinas tragamonedas de distintos tipos. En los operativos han participado elementos de la FGJEM, Sedena y Guardia Nacional.
El informe de la dependencia establece que cada máquina colocada en locales comerciales, plazas comerciales, entre otros inmuebles, recaudan un aproximado de entre dos mil y tres mil pesos diarios. En algunos casos los lugares se abren exprofeso para la operación de las máquinas y en otros casos se obliga y amenaza al dueño del negocio para que opere en su local.
En el caso de las plazas comerciales, donde se localizaron “islas” de máquinas y locales fueron Plaza Aragón en Ecatepec, Plaza Santín en Toluca, Plaza lago ubicada en Tlalnepantla, Plaza Arcana Norte y Plaza San Miguel en Cuautitlán Izcalli y Plaza Centella en Cuautitlán México.
Se informó que este tipo de máquinas son operadas principalmente por grupos de la delincuencia organizada, tanto locales como nacionales. La Fiscalía señaló que en el caso de su competencia los delitos que se persiguen con estas acciones son encubrimiento por receptación, apología del delito, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.