Información de Gerardo Carmona
Raúl Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega, exfuncionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, acusados de participar en una red de extorsión contra propietarios de verificentros que presuntamente manejaba cientos de millones de pesos, recuperaron su libertad la noche del martes, luego de que una jueza reclasificó el delito de extorsión agravada a abuso de autoridad.
La resolución fue dictada por la jueza Sandra Isabel Cortés, del distrito judicial de Chalco, durante una audiencia de más de ocho horas, en la que determinó que el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no acreditó suficientemente la acusación por extorsión.
Los exservidores públicos aceptaron su responsabilidad por abuso de autoridad y se acogieron a un procedimiento abreviado, mediante el cual fueron condenados a un año y cuatro meses de prisión, pena que les fue conmutada por una sanción económica. También fueron destituidos e inhabilitados durante 10 años para ocupar cargos públicos.
La autoridad judicial les impuso además la obligación de presentarse mensualmente ante el Centro de Medidas Cautelares y les prohibió acercarse a las víctimas. Ambos abandonaron el penal de Chalco la noche del 13 de octubre, después de permanecer privados de la libertad desde agosto.
La decisión representa un cambio sustancial respecto de las acusaciones que la propia Fiscalía mexiquense formuló cuando anunció la detención de los funcionarios, a quienes señaló como integrantes de una estructura de corrupción que operaba desde finales de 2023 y exigía pagos ilegales a concesionarios para permitirles continuar con sus actividades.
Piña Horta, exdiputado federal del Partido Verde Ecologista de México y cercano al exsenador Jorge Emilio González Martínez, El Niño Verde, ocupaba la Dirección General de Control de Emisiones Atmosféricas, mientras que Solares Vega era director de Control de Emisiones a la Atmósfera.
Ambos fueron detenidos el 10 de agosto, el primero en Acapulco, Guerrero, y el segundo en la Ciudad de México. Posteriormente quedaron sujetos a prisión preventiva en Chalco.
Según las investigaciones difundidas en agosto, la presunta red exigía hasta 200 mil pesos mensuales a propietarios de verificentros, además de pagos extraordinarios por la revalidación de permisos. También se denunciaron bloqueos del sistema de verificación y restricciones en la entrega de hologramas para presionar a quienes se negaban a pagar.
La Fiscalía documentó una exigencia adicional de 500 mil pesos por cada una de las 878 líneas de verificación existentes en la entidad, lo que representaba alrededor de 439 millones de pesos. Esta cantidad correspondía al monto presuntamente exigido, no necesariamente a recursos cuyo cobro efectivo hubiera quedado acreditado.
Respecto de la nueva resolución, la FGJEM señaló que propietarios de verificentros actualizaron sus declaraciones y manifestaron que, después de las detenciones, podían trabajar sin presiones ni exigencias de pagos ilegales.
Aunque los dos exfuncionarios obtuvieron su libertad, las investigaciones sobre la presunta participación de otras personas en el esquema de corrupción continúan abiertas.