Siete servidores públicos, entre ellos una presidenta municipal y altos mandos policiales, enfrentan prisión preventiva justificada tras ser imputados por diversos delitos graves, incluidos homicidio, tras las audiencias iniciales que se realizaron este domingo en juzgados de Cuautitlán, Texcoco, Tenango del Valle, Toluca y Otumba.
Las detenciones ocurrieron en el marco de la «Operación Enjambre«, un despliegue conjunto de fuerzas federales y estatales ejecutado el pasado viernes en diversas regiones del Estado de México.
Los imputados son María Elena “N”, alcaldesa de Amanalco, acusada de homicidio calificado, y Ellery Guadalupe “N”, director del DIF de Tonatico, señalado por secuestro con fines de extorsión. También fueron vinculados a proceso cinco mandos de seguridad pública: Rodolfo “N” y Roberto “N”, de Ixtapaluca; Eraclio “N”, de Tejupilco; Omar “N”, de Naucalpan, y Manuel Alejandro “N”, de Amanalco.
Los acusados permanecerán en centros penitenciarios de Almoloya, Otumba, Texcoco, Tenango y Cuautitlán, en tanto se celebran las audiencias programadas entre el 27 y el 28 de noviembre. Los delitos imputados van desde homicidio calificado hasta secuestro con fines de extorsión y robo, reflejando el nivel de gravedad de las acusaciones.
Estas detenciones son parte de la “Operación Enjambre”, un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la FGJEM. El despliegue tuvo como objetivo desarticular redes de corrupción y vínculos con el crimen organizado en gobiernos municipales.
Durante la operación, que abarcó municipios del sur y centro de la entidad, se reportó además la muerte del comisario de Texcaltitlán, Isidro Cortés, quien se suicidó antes de ser aprehendido. En la semana previa, también se realizó un encuentro entre autoridades de seguridad estatal y alcaldes del sur mexiquense, región históricamente disputada por grupos criminales como la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La Fiscalía reveló que los funcionarios ahora vinculados a proceso habrían utilizado sus cargos para facilitar operaciones ilícitas, incluidas extorsiones y secuestros. Además, varios de los detenidos enfrentan acusaciones de haber protegido a grupos criminales, una práctica común en municipios de alta incidencia delictiva.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que las investigaciones continúan y que las autoridades no descartaron nuevas detenciones derivadas de las indagatorias en curso. Mientras tanto, organismos civiles han señalado la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión en los gobiernos locales para evitar que estas prácticas se perpetúen.
La «Operación Enjambre» expone no solo la fragilidad institucional en algunos municipios mexiquenses, sino también el nivel de infiltración criminal en las estructuras gubernamentales.