Un megaoperativo encabezado por fuerzas federales y estatales en por lo menos 10 municipios del Estado de México ha llevado a la detención de funcionarios municipales y directores de seguridad con presuntos vínculos con el crimen organizado. La acción, denominada «Operación Enjambre», busca desarticular redes de corrupción en municipios con presencia del crimen organizado.
Entre los hechos más relevantes, destaca la captura del esposo de la alcaldesa de Tonatico, Marlem Ayala Sánchez, y la detención de la presidenta municipal de Amanalco de Becerra, María Elena Martínez Robles. Además, en Texcaltitlán, el comisario de Seguridad, Isidro Cortés Jiménez, murió tras dispararse en la cabeza cuando estaba a punto de ser aprehendido.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó también la detención de Eraclio «N», comisario de Tejupilco, quien enfrenta diversas acusaciones, así como la del Dir. Operativo de Seguridad, Rodolfo Chávez Torres.
El operativo ocurre en un contexto de creciente tensión en la región sur del estado, donde los cárteles de la Familia Michoacana y Jalisco Nueva Generación (CJNG) disputan el control territorial. Según la FGJEM, las investigaciones han vinculado a diversos funcionarios municipales con estas organizaciones criminales.
En semanas recientes, han sido detenidos y vinculados a proceso los comisarios de Acambay, Coatepec Harinas, Aculco y Tlatlaya, mientras que el comisario de Atlacomulco permanece prófugo. Estas detenciones están relacionadas con la desaparición del comisario de Temascalcingo, Agustín «N», y su escolta.
El operativo se desplegó apenas unas horas después de una reunión entre el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, y autoridades municipales de Tlatlaya, Sultepec, Zacualpan, Luvianos y Amatepec, donde se acordaron acciones conjuntas para enfrentar la inseguridad.
Con «Operación Enjambre», las autoridades buscan no solo cumplir órdenes de aprehensión contra funcionarios con carpetas de investigación abiertas, sino también enviar un mensaje de cero tolerancia a la corrupción en los niveles municipales.
La estrategia refuerza el compromiso del gobierno estatal y federal para restablecer el orden en una región que ha sido gravemente afectada por la violencia y la infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder local.