Información de Gerardo Carmona
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial del Estado de México aprobó nuevas reglas para investigar presuntas irregularidades administrativas en la institución. Las diligencias deberán comenzar dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de cada asunto y la investigación tendrá un plazo ordinario de seis meses, con posibilidad de una prórroga excepcional por otro periodo igual.
Las disposiciones quedaron establecidas en el acuerdo general AGPTDJ/23/2026, avalado por unanimidad por el pleno del organismo, que preside la magistrada Maricela Reyes Hernández. El propósito es definir las atribuciones de las áreas responsables, el trámite de las denuncias y las etapas de los procedimientos, a fin de evitar que las investigaciones se prolonguen sin justificación.
De acuerdo con el documento, las indagatorias podrán abrirse por denuncias, por actuación de oficio del propio tribunal o por intervención de instancias competentes, como la Contraloría Interna. La presidencia del TDJ tendrá a su cargo determinar la admisión de las quejas y, en su caso, dar paso a la investigación.
Una vez recibido el expediente, la persona agente investigadora deberá iniciar las diligencias en un máximo de 48 horas. Durante esa etapa se recabarán documentos, datos y otros elementos pertinentes para establecer si existen hechos que pudieran constituir una falta administrativa. La ampliación del plazo de seis meses tendrá carácter excepcional.
El acuerdo distingue las funciones de Investigación y Substanciación. La primera área se encargará de reunir los elementos sobre los hechos denunciados; la segunda conducirá el procedimiento administrativo que resulte procedente. El trabajo se distribuirá entre las regiones de Toluca, Texcoco, Tlalnepantla y Ecatepec.
Las nuevas reglas contemplan herramientas digitales para la gestión de expedientes, así como medidas para preservar la confidencialidad de la información y proteger los datos personales de quienes intervienen.
El pleno dispuso que en todas las actuaciones se respeten la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la garantía de audiencia y el debido proceso, de modo que la presentación de una denuncia no equivalga a tener por acreditada una responsabilidad administrativa.
Asimismo, las autoridades deberán aplicar perspectiva de género cuando las circunstancias lo requieran. En los asuntos relacionados con discriminación, hostigamiento o violencia de género, los procedimientos tendrán que proteger a las personas involucradas y evitar su revictimización.
En la sesión participaron también las magistradas Nancy Flores Mendoza y Karla Ivonne Díaz Iniesta, así como los magistrados Jesús Ángel Cadena Alcalá y Alejandro Jaime Gómez Sánchez, quienes respaldaron el acuerdo.