Información de Gerardo Carmona
El Congreso del Estado de México perfila una reforma de armonización electoral que incluiría cambios en la integración de ayuntamientos, ajustes en el número de síndicos en algunos municipios y, sobre todo, la propuesta de empatar el inicio del proceso electoral local con el calendario federal, a fin de que arranque en septiembre y no hasta enero, informó Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura mexiquense.
El coordinador parlamentario explicó que la iniciativa aún se encuentra en fase de definición política, pues se analiza si será presentada por él junto con los grupos aliados o si se impulsará de manera conjunta desde la propia Junta de Coordinación Política. En cualquier caso, sostuvo que el objetivo central es “armonizar” la legislación mexiquense con el marco federal para dar más tiempo de organización a la autoridad electoral local.
De acuerdo con Vázquez Rodríguez, el ajuste no modificaría en lo inmediato los tiempos de precampañas y campañas, ya que esos periodos seguirían sujetos a los plazos legales de 90 y 45 días para la competencia local. El cambio, precisó, estaría en el arranque formal del proceso, lo que permitiría al Instituto Electoral del Estado de México contar con más margen para instalar juntas locales y distritales, disponer de inmuebles, contratar personal y preparar visitas a escuelas que funcionan como casillas.
En ese paquete también se prevé corregir la integración de 11 municipios que, según expuso, rebasan el número de síndicos que les corresponde. La propuesta plantea que, a partir de la próxima elección, esas demarcaciones sólo puedan registrar en sus planillas a un síndico, además del número de regidores que ya sería ajustado conforme a la nueva armonización.
Sobre la posibilidad de modificar el calendario político estatal para empatar la elección de gobernador con otros comicios y reducir costos, como ha propuesto el senador Juan Zepeda, Vázquez recordó que se trata de un debate antiguo y de gran calado, que implicaría rehacer piezas centrales de la legislación electoral. Señaló que antes de abrir esa discusión debe resolverse el panorama de 2027, cuando el Estado de México renovará ayuntamientos, diputaciones locales y federales.
En ese contexto, el legislador puso el foco en la elección judicial. Dijo que su realización no depende del Congreso local, sino de lo que defina la Federación, y confirmó que en el Estado de México se mantienen a la espera de lo que resuelva la Cámara de Diputados federal. Aunque sostuvo que su bancada está lista para adecuarse al escenario que se determine, consideró que empalmar una contienda partidista con una elección judicial resultaría inconveniente.
A su juicio, mezclar ambos procesos desdibujaría el carácter no partidista que debería regir en la selección de personas juzgadoras y, además, complicaría la logística electoral. Por ello, expresó que, desde una óptica personal, sería más conveniente mover la elección judicial un año, lo que daría tiempo suficiente para su organización tanto a nivel nacional como en el Estado de México.
Vázquez añadió que, si la Federación decide mantener la elección judicial en 2027, la entidad tendrá que ajustarse. En ese caso, expuso, el Instituto Nacional Electoral llevaría la conducción principal, con apoyo de las instancias locales, lo que obligaría a buscar espacios distintos y otro tipo de casillas para sacar adelante la jornada.
El legislador también adelantó que la reforma electoral mexiquense contemplará disposiciones en materia de austeridad y orden administrativo. Entre ellas mencionó la intención de dejar expresamente establecido que ningún salario en órganos electorales locales pueda rebasar el de la gobernadora. Asimismo, reconoció que si el proceso arranca desde septiembre será necesario revisar el presupuesto del instituto electoral, ya que implicará contratación de personal y renta de inmuebles durante más meses.
Según dijo, la apuesta será doble: pedir al Ejecutivo estatal respaldo presupuestal para cubrir el periodo adicional de preparación y, al mismo tiempo, exigir al instituto ajustes en su estructura para evitar contrataciones innecesarias desde el primer momento del proceso.
La iniciativa, agregó, no se presentaría esta semana, pero sí en los próximos días, con la intención de que llegue al pleno el miércoles entrante. Recordó que el plazo legal vence el 15 de mayo, por lo que el Congreso aún cuenta con margen para procesarla. En el fondo, sostuvo, se trata de dejar listas las reglas para un proceso electoral con mayor previsión operativa, en medio de la discusión abierta sobre el futuro de la elección judicial.