Información de Gerardo Carmona

El Congreso del Estado de México aprobó una nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), que modifica la elección de sus autoridades, amplía la representación de la comunidad en sus órganos de gobierno y establece la eliminación progresiva de las cuotas de inscripción y reinscripción. La legislación sustituirá a la vigente desde 1992.
Uno de los principales cambios es que la persona titular de la rectoría y los directores de los espacios académicos serán electos mediante voto personal, directo, libre y secreto. Sin embargo, los sufragios se contabilizarán por sectores —estudiantes, académicos y trabajadores administrativos—, con la ponderación que determine el Estatuto Universitario.
Para organizar y vigilar esos comicios se creará un Órgano Electoral Universitario, que validará la legalidad de los procesos y presentará los resultados al Consejo Universitario, encargado de formalizar el nombramiento de quien ocupe la rectoría.
La ley establece que el Consejo Universitario, máxima autoridad de la institución, estará integrado por 223 consejeros e incluirá dos representantes estudiantiles y uno del personal académico por cada espacio educativo, además de directores y representantes sindicales. Deberá garantizar la paridad en la representación de estudiantes y profesores.
En materia financiera, la gratuidad no será inmediata. La UAEMéx dispondrá de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para publicar un plan anual con metas de reducción de cobros, fuentes de financiamiento y mecanismos de seguimiento. La ley prohíbe sustituir las cuotas eliminadas por conceptos equivalentes y condiciona la transición a la sostenibilidad financiera de la institución.
El ordenamiento incorpora un Sistema de Ética y Justicia Universitaria para atender y sancionar faltas disciplinarias, con mecanismos de mediación, conciliación y justicia restaurativa. También contempla acciones de salud física y mental, prevención de violencias y apoyo a integrantes de la comunidad en situación de vulnerabilidad.
El dictamen reunió iniciativas de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien presentó una propuesta aprobada por el Consejo Universitario tras una consulta interna; de los diputados morenistas Octavio Martínez y Gerardo Pliego, y de la bancada de Movimiento Ciudadano.
En presencia de la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, Octavio Martínez destacó que el cambio legal ocurre después de 34 años y contempla revisar la normatividad cada 10 años. La diputada Brenda Colette Miranda sostuvo que la reforma se elaboró con respeto a la autonomía universitaria.
La ley establece un periodo de transición para mantener la continuidad de las autoridades actuales y expedir el nuevo Estatuto Universitario. Su aplicación, incluidos los nuevos programas y servicios, quedará sujeta a la disponibilidad presupuestal.

