Información de Gerardo Carmona
El anteproyecto de reforma a la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), presentado por la rectora Patricia Zarza Delgado, no se limita a modificar el marco jurídico vigente, sino que propone sustituir por completo la legislación que rige a la institución desde 1992.
Aunque fue difundido como una reforma, el documento establece en su tercer artículo transitorio la abrogación de la Ley de la UAEMex publicada el 3 de marzo de 1992, con lo cual se abriría paso a una nueva norma universitaria. La diferencia no es menor: la ley actual cuenta con 46 artículos, mientras que el anteproyecto está integrado por 186 artículos y 20 transitorios, organizados en siete títulos.
La propuesta aparece después de meses de conflicto interno, paros y movilizaciones estudiantiles que exigieron democratizar la vida universitaria, transparentar los procesos de elección de autoridades y crear mecanismos más eficaces para atender violencia, acoso, abuso de autoridad y corrupción dentro de la institución.
Uno de los cambios de mayor alcance se ubica en la elección de la persona titular de la Rectoría. Actualmente, el Consejo Universitario elige al rector o rectora por mayoría de votos, después de un proceso de auscultación cualitativa y cuantitativa entre la comunidad. El anteproyecto plantea que el nombramiento recaiga en quien obtenga la mayoría mediante sufragio personal, directo y secreto.
Ese mismo modelo se aplicaría para elegir a quienes encabecen facultades, centros universitarios, planteles de preparatoria, escuelas, unidades académicas profesionales e institutos. Sin embargo, el texto precisa que los votos se contabilizarán por sectores —alumnado, personal académico y personal administrativo— y conforme a una ponderación que aún deberá definirse en el Estatuto Universitario.
Por ello, uno de los puntos centrales de la discusión será el peso real que tendrá cada sector en las elecciones internas, pues el anteproyecto reconoce el voto directo, pero deja para la normatividad secundaria la fórmula que determinará su alcance.
La iniciativa también prevé la creación de un Órgano Electoral Universitario, con autonomía técnica, operativa y de gestión, encargado de organizar, conducir, vigilar y validar los procesos internos. Entre sus atribuciones estarán emitir convocatorias, registrar candidaturas, supervisar campañas, coordinar jornadas electorales, realizar cómputos y resolver impugnaciones en primera instancia.
En materia de representación, el anteproyecto amplía la integración del Consejo Universitario. La ley vigente mantiene una representación diferenciada para organismos académicos, planteles de preparatoria y centros universitarios. La nueva propuesta incorpora a facultades, centros universitarios, planteles, escuelas, unidades académicas profesionales e institutos, cada uno con representación del personal académico y del alumnado.
El documento también introduce el principio de paridad entre los sectores académico y estudiantil en el Consejo Universitario y reconoce como espacios académicos y de investigación a las facultades, centros universitarios, preparatorias, escuelas, unidades académicas profesionales, institutos y centros de investigación.
Otro apartado relevante es el de derechos universitarios. A diferencia de la ley actual, que reconoce de manera general las libertades de cátedra, investigación, organización y derechos laborales, el anteproyecto incorpora igualdad sustantiva, inclusión, diversidad, no discriminación, salud mental, seguridad informática, protección de datos personales, libertad sindical, bienestar universitario y acceso a tecnologías digitales.
Además, plantea la creación del Sistema de Ética y Justicia Universitaria, que tendría como finalidad prevenir, conocer, resolver y sancionar faltas universitarias y administrativas. Entre las conductas graves se incluyen corrupción, acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso de autoridad, nepotismo, violencia de género, violencia sexual, daño grave al patrimonio universitario y actos contrarios a la integridad académica.
La propuesta actualiza también las funciones sustantivas de la universidad. Además de docencia, investigación, difusión cultural y extensión, incorpora innovación, desarrollo tecnológico, ciencia abierta, inteligencia artificial, sustentabilidad, internacionalización solidaria, diálogo de saberes con pueblos originarios y retribución social.
En el ámbito administrativo, prevé un modelo desconcentrado por regiones para ordenar la presencia de la UAEMex en el territorio estatal, así como nuevas reglas sobre transparencia, protección de datos, archivos, recursos propios y alternos, auditorías, entrega-recepción y control del patrimonio universitario.
El alcance final de la nueva legislación dependerá, en buena medida, del Estatuto Universitario. El anteproyecto otorga al Consejo Universitario un plazo máximo de 365 días para expedirlo, y ahí deberán definirse la ponderación del voto, la integración del Órgano Electoral Universitario, el funcionamiento del Sistema de Ética y Justicia y los procedimientos internos derivados de la nueva ley.
Así, el documento representa el cambio jurídico más amplio para la UAEMex en más de 30 años. Recoge parte de las demandas del movimiento estudiantil, pero deja abiertas definiciones clave que determinarán si la reforma deriva en una democratización efectiva o si las decisiones centrales continúan bajo control de las mismas estructuras universitarias.