Información Gerardo Carmona
El Congreso del Estado de México analiza una reforma al Código Penal para agravar las sanciones cuando se utilicen drones para vigilar, recabar información o planear delitos como abigeato, despojo y robo.
La iniciativa, presentada por la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, de Morena, se revisó este miércoles por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, que acordó solicitar opinión técnica a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a fin de precisar la redacción y fortalecer la viabilidad jurídica de la propuesta.
El planteamiento busca incorporar como agravante el uso de aeronaves pilotadas a distancia cuando sean empleadas para observar rutinas de personas, identificar bienes muebles o inmuebles, obtener datos mediante cámaras, sensores u otros dispositivos electrónicos, o planear actividades relacionadas con la comisión de esos delitos.
Durante la reunión de trabajo, legisladoras de Morena, PAN y PVEM coincidieron en que el uso de nuevas tecnologías ha modificado algunas formas de operación delictiva, por lo que consideraron viable establecer sanciones específicas cuando estos equipos sean utilizados para facilitar conductas ilícitas.
De la Rosa Mendoza sostuvo que las modalidades de robo han evolucionado y que los drones pueden ser usados para vigilar viviendas, observar hábitos de las víctimas o recopilar información sobre bienes, por lo que propuso sancionar con mayor severidad la premeditación mediante herramientas tecnológicas.
La diputada adelantó que la reforma podría ampliarse para incluir otros delitos en los que también se utilicen aeronaves no tripuladas.
La panista Emma Álvarez Villavicencio planteó que la iniciativa requiere ajustes para evitar confusiones entre los delitos de abigeato y robo, al tratarse de tipos penales distintos. Advirtió que una redacción ambigua podría abrir la puerta a amparos o impugnaciones cuando se aplique la norma.
También señaló que se debe precisar la forma en que se acreditará el uso del dron y cómo será manejada la información contenida en los dispositivos asegurados, pues sin un protocolo científico y jurídico adecuado podría no ser admitida como prueba dentro de una carpeta de investigación.
Por ello, propuso facultar a la Fiscalía mexiquense para emitir un protocolo sobre el tratamiento de la información obtenida de drones relacionados con estos delitos, con el propósito de resguardar la cadena de custodia y evitar violaciones al debido proceso.
La legisladora Miriam Silva Mata, del PVEM, pidió revisar si la agravante debe extenderse a otros delitos, debido a que el uso de drones no se limita a los supuestos incluidos originalmente en la iniciativa.
De acuerdo con el proyecto, el abigeato, que actualmente se castiga con penas de uno a 18 años de prisión y hasta 300 días multa, podría alcanzar hasta 27 años de cárcel y 450 días multa cuando se acredite el uso de drones.
En el caso del despojo, sancionado con penas de cinco a 10 años de prisión y hasta 700 días multa, la pena podría elevarse hasta 25 años con seis meses de cárcel y hasta mil 500 días multa, como ocurre con otras agravantes previstas en el Código Penal.
Para el robo, cuya pena actual va de seis a 12 años de prisión y de 250 a 300 días multa, la sanción alcanzaría hasta 18 años de cárcel y 450 días multa.
La iniciativa precisa que estas sanciones no excluyen la aplicación de otras penas cuando también se configuren agravantes adicionales o delitos relacionados.
El dictamen continuará en análisis en comisiones, una vez que se reciba la opinión técnica de la Fiscalía mexiquense.