Información de Gerardo Carmona
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Estado de México establecerá un mecanismo para detectar retrasos en la emisión de sentencias penales y obligar a jueces a informar y justificar aquellos casos que rebasen los plazos constitucionales, con el propósito de evitar que los procesos permanezcan abiertos de manera indefinida.
Los nuevos Lineamientos sobre el Aviso y la Justificación de Demora en la Emisión de Sentencias establecen que la persona juzgadora deberá reportar el retraso dentro de los cinco días hábiles posteriores al vencimiento del plazo legal y explicar las causas que impidieron concluir el proceso.
La medida cobra especial relevancia en casos de personas sujetas a prisión preventiva, cuyos procesos pueden prolongarse mientras esperan una resolución judicial.
La Constitución establece, en el artículo 20, apartado B, fracción VII, que una persona deberá ser juzgada en un plazo de cuatro meses cuando se trate de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año cuando la sanción sea mayor, salvo que solicite un periodo adicional para ejercer su defensa.
El TDJ precisó que el reporte de una demora no implicará automáticamente una falta administrativa ni una sanción contra el juez. El mecanismo pretende conocer las causas del retraso y distinguir aquellos casos en los que existen circunstancias ajenas al órgano jurisdiccional.
Entre esas causas pueden encontrarse la presentación de amparos, reposiciones de procedimientos o resoluciones de otras instancias que impidan continuar con el proceso dentro de los tiempos previstos.
Cada aviso deberá contener los datos del expediente, el órgano jurisdiccional, las personas involucradas, el delito que se juzga, los motivos de la demora y los documentos que acrediten la explicación presentada.
Una vez recibido, la Secretaría de Acuerdos integrará un expediente que será revisado por un auditor visitador en materia penal, quien elaborará una opinión técnica antes de que el asunto sea enviado a la comisión regional correspondiente.
Cuando el retraso tenga una causa justificada, el Tribunal podrá ordenar medidas para impulsar el procedimiento y requerir informes sobre su avance. En caso contrario, el expediente podrá ser remitido a la Unidad de Investigación para determinar si existe alguna responsabilidad administrativa.
La presidenta del TDJ, Maricela Reyes Hernández, sostuvo durante una reunión con jueces penales que el propósito de los lineamientos es prevenir retrasos antes que sancionarlos y contar con elementos para saber qué ocurre cuando un asunto rebasa los tiempos constitucionales.
La magistrada Nancy Flores Mendoza señaló que el mecanismo busca garantizar el derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable, mientras Alejandro Jaime Gómez Sánchez explicó que la vigilancia se dividirá en cuatro regiones: Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y Ecatepec.
Los lineamientos serán obligatorios para quienes estén al frente de órganos jurisdiccionales una vez que sean publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.
El nuevo esquema forma parte de los cambios derivados de la reforma judicial de 2024 y coloca bajo revisión institucional los retrasos en procesos penales, en los que una demora puede significar meses adicionales de incertidumbre para víctimas, imputados y sus familias.