En el municipio de Otumba, Estado de México, un basurero a cielo abierto ubicado entre los ejidos de Tepachico y San Martín Ahuatepec, cerca de la colonia Jacarandas, se ha convertido en un foco de contaminación y riesgo sanitario para los vecinos de la zona. Con una extensión de al menos dos hectáreas, el predio recibe diariamente toneladas de basura sin separar, incluyendo llantas, electrodomésticos, plásticos, muebles, desechos hospitalarios, comida y animales muertos, lo que ha generado olores fétidos y la proliferación de fauna nociva.
El basurero, autorizado y utilizado desde la pasada administración municipal encabezada por el actual presidente priísta, Hilarión Coronel Lemus, es administrado por el director de Servicios Públicos y Panteones, Pedro Ramírez Aragón, en lugar de la Dirección de Ecología, como sería lo habitual. Vecinos de la zona denunciaron que desconocen quién es el dueño del terreno, si existe una licencia sanitaria vigente o si los ingresos generados por el depósito de basura ingresan a las arcas municipales.
“No sabemos de dónde viene la basura, porque los camiones recolectores no traen algún logotipo del gobierno municipal. No sabemos quién los administra. Lo único que sabemos es que los vehículos llegan del municipio de Acolman y de otras localidades más”, señalaron los afectados.
Los vecinos expresaron su preocupación por el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales y de la piel debido a la contaminación generada por el basurero. Además, denunciaron que, a pesar de que en enero de 2024 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el predio por carecer de autorizaciones ambientales y de infraestructura adecuada, los sellos de clausura fueron retirados sin que se supiera si se pagó alguna multa.
“No cumplen el reglamento de sanidad y el adecuado mantenimiento, como el compactar y enterrar de acuerdo a la norma los residuos. Han pasado los años y los cerros de basura de todo tipo están a la vista de todos”, sostuvieron los quejosos.
Los vecinos documentaron que, diariamente, al menos dos camiones tipo tortón ingresan hasta en tres ocasiones al predio, transportando 15 toneladas de desperdicios sin separar. Por cada viaje, los responsables reciben entre 2,500 y 3,000 pesos, lo que representa ingresos mensuales de al menos 450,000 pesos. Sin embargo, no está claro si estos recursos son destinados al municipio o si benefician a particulares.
Los afectados recordaron que ya han interpuesto varias quejas ante el gobierno municipal sin obtener respuesta. Ante la falta de atención, advirtieron que, de no ser escuchados, se manifestarán frente al Palacio Municipal para exigir la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.