Información de Gerardo Carmona
Una operación simultánea desplegada durante 46 días por fuerzas federales, estatales y municipales sacudió en el Estado de México a una red de extorsión que, de acuerdo con las investigaciones, operaba desde call centers, centrales de préstamo, puntos de venta de droga y giros negros. El saldo preliminar fue de 102 personas detenidas y 192 inmuebles asegurados.
La acción, denominada Operación Desconexión, se concentró en desarticular esquemas de extorsión no presencial, principalmente llamadas telefónicas, mensajes de texto, páginas clonadas y aplicaciones de mensajería, así como los mecanismos de cobro violento vinculados con los préstamos conocidos como gota a gota.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el despliegue participaron elementos de la Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración, Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad estatal y corporaciones municipales.
El operativo dejó además el aseguramiento de 67 inmuebles utilizados como call centers, 5 centrales de préstamo, 14 puntos de venta de estupefacientes y 106 giros negros. Buena parte de estas acciones se concretó mediante 86 cateos autorizados por jueces de control.
Las autoridades sostienen que detrás de esos espacios no sólo había una estructura para hacer llamadas de engaño o intimidación. También detectaron un engranaje criminal más amplio, donde se mezclaban la usura, la suplantación de instituciones financieras, el robo de identidad, el narcomenudeo y otras actividades ilícitas.
Entre el 8 de julio de 2025, cuando arrancó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, y el 30 de marzo de 2026, la fiscalía mexiquense recibió 1,084 denuncias por ese delito. De ese total, 62 por ciento correspondió a la modalidad no presencial. A partir de esos expedientes, la autoridad identificó un patrón: el uso de unidades económicas formales e informales para simular actividades legales y, desde ahí, enganchar, presionar y despojar a las víctimas.
Según la indagatoria, en varios de los call centers intervenidos se realizaban cobros bajo amenaza, ofrecimientos fraudulentos de productos, falsas alertas bancarias y supuestos avisos sobre premios o paquetería. El objetivo era obtener datos personales o financieros y, una vez que la víctima caía en el engaño, forzar transferencias inmediatas o pagos extorsivos.
Las llamadas seguían guiones precisos. Quienes operaban fingían ser empleados de bancos o instituciones crediticias y dirigían a las víctimas a páginas web clonadas. En otros casos ofrecían préstamos rápidos con información ambigua en contratos, facturas y comprobantes. Después imponían cobros diarios o semanales con intereses desproporcionados; cuando el deudor no podía pagar, entraban en escena grupos de golpeadores que acudían a domicilios o centros de trabajo para intimidar y agredir.
La fiscalía informó que 50 de los detenidos ya fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva justificada. De ellos, 22 son mexicanos, 20 colombianos, 6 venezolanos y 2 cubanos. En total fueron detenidos 77 extranjeros y 25 mexicanos, por lo que también se dio vista a autoridades migratorias para definir la situación de cada persona arrestada.
Durante los cateos fueron asegurados 67 servidores informáticos, 2 mil 844 equipos de cómputo, 265 laptops, 353 discos duros, 277 CPU, 404 teléfonos celulares, más de 3 mil chips telefónicos, 80 tokens de banca en línea, 11 terminales de cobro, 5 armas de fuego, droga, básculas grameras y dinero en efectivo.
Junto con esos objetos, las autoridades hallaron listados de clientes, copias de identificaciones oficiales, CURP, comprobantes de domicilio, currículums, datos financieros, publicidad engañosa y manuales con conversaciones y mensajes para amedrentar, manipular y obtener dinero.
Para la fiscalía mexiquense, el golpe no se limita a las detenciones: apunta a romper la estructura logística, financiera y operativa de grupos que habían encontrado en la extorsión indirecta un negocio de alta rentabilidad y bajo riesgo. Ahora la apuesta oficial será sostener los procesos penales y evitar que esas redes vuelvan a conectarse.