Información de Gerardo Carmona

El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó este martes 30 renuncias de funcionarios y trabajadores, entre ellos directivos de áreas estratégicas, tras la salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del organismo, en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en contratos millonarios y posibles conflictos de interés con proveedores de material electoral.
En un comunicado, el instituto informó que las diez consejerías electorales mantienen una revisión de la Junta General Ejecutiva, los cargos de primer nivel y los procedimientos de contratación, ante los señalamientos de corrupción que precipitaron la renuncia de Taddei el pasado 26 de octubre, cuando todavía le restaban casi seis años de mandato.
Entre las bajas destacan 17 integrantes de la oficina de la expresidenta, incluido su jefe, Carlos Daniel Luna Rosas, así como José Alberto Pérez de Acha, director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Sergio Uzeta Murcio, coordinador nacional de Comunicación Social.
También dejaron sus cargos Alfonso Burciaga Esparza, de la Dirección de Recursos Materiales; Juan Manuel Vázquez Barajas, jefe de oficina de la Secretaría Ejecutiva, y Pedro Pablo Chirinos Benítez, ex titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
A ellos se suman cinco funcionarios de las áreas de administración, transporte, recursos humanos, procesos registrales y prerrogativas de partidos políticos.
La reestructuración ocurre después de que el Órgano Interno de Control (OIC) del INE reveló ante la Cámara de Diputados la existencia de 18 expedientes relacionados con contrataciones y posibles irregularidades administrativas. De ellos, cinco ya derivaron en procedimientos de responsabilidad contra servidores públicos.
Las investigaciones también alcanzan a empresas proveedoras de materiales electorales que, según los señalamientos, habrían simulado competencia en licitaciones y obtenido contratos por cantidades millonarias durante varios años.
El escándalo cobró fuerza tras la difusión de imágenes y videos de reuniones de Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con compañías proveedoras del sector electoral, así como cuestionamientos sobre funcionarios que anteriormente mantuvieron relaciones laborales con esas empresas.
El PAN presentó además una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la expresidenta por presuntos delitos de corrupción, entre ellos cohecho, peculado y ejercicio abusivo de funciones.
El INE sostuvo que la revisión institucional busca preservar su capacidad operativa y garantizar la continuidad de los trabajos electorales, bajo criterios de legalidad y debido proceso.
Las consejerías también analizarán los vínculos funcionales y contratos que ameriten una revisión a partir de la información pública reciente.
La salida de funcionarios ocurre mientras el organismo prepara los comicios de 2027, por lo que enfrenta el desafío de esclarecer las presuntas irregularidades sin comprometer la organización electoral. Hasta ahora, el INE no ha establecido responsabilidades individuales por las renuncias anunciadas.

