La Sala de Asuntos Indígenas (SAI) del Poder Judicial del Estado de México sesionó este miércoles en el municipio de San Felipe del Progreso, donde otorgó libertad a una mujer afrodescendiente de la Costa Chica de Oaxaca, quien había sido condenada a 40 años de prisión por extorsión.
En sesión itinerante celebrada en la Universidad Intercultural del Estado de México, los magistrados revisaron el caso bajo una perspectiva intercultural y determinaron que las pruebas presentadas por el Ministerio Público eran insuficientes, revocando la sentencia inicial.
La sesión, encabezada por el presidente del Poder Judicial mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar, junto con el presidente de la SAI, Mario Eduardo Navarro Cabral, y las magistradas María Ledit Becerril, Verónica Carrillo y Erika Castillo, además del magistrado Arturo Márquez, abordó también el caso de una mujer náhuatl acusada de violación. En este asunto, se garantizó la presencia de un intérprete en su lengua originaria, aunque el tribunal confirmó la sentencia, al señalar que la pertenencia a una comunidad indígena no exime de responsabilidad penal.
En otra resolución, la SAI emitió una opinión consultiva ante la falta de abogados especializados en el contexto lingüístico y cultural de la mixteca baja, lo que obstaculizaba la defensa de una mujer en un caso patrimonial. Ante esta situación, la Sala ordenó la asistencia de un intérprete junto al defensor de oficio, como medida para asegurar un proceso más justo y adaptado a las particularidades culturales.
Durante el evento, el Poder Judicial del Estado de México y la Universidad Intercultural firmaron un convenio de colaboración orientado a fortalecer la justicia intercultural. Este acuerdo permitirá el desarrollo de programas académicos en derecho indígena y la creación de diplomados que capaciten a intérpretes y traductores, apoyando así el acceso a la justicia en lenguas originarias.
Ricardo Sodi Cuellar destacó la importancia de que el sistema judicial sea accesible y relevante para los pueblos indígenas, cuya diversidad cultural y lingüística constituye un patrimonio único. Propuso además la creación de un anuario de derecho indígena y la enseñanza del derecho intercultural, como vía para fomentar el respeto hacia los usos y costumbres de las comunidades.
Por su parte, el rector de la Universidad Intercultural, Antolín Celote Preciado, subrayó que el convenio refrenda el compromiso de acercar la justicia a las comunidades indígenas, en línea con la reciente reforma constitucional que reconoce sus derechos. Resaltó la necesidad de impulsar el conocimiento jurídico en temas de derechos humanos, territoriales y lingüísticos.
En el encuentro, Rocío Sabino Nava, docente de origen tlahuica, destacó el papel fundamental de los intérpretes en el acceso a la justicia para los pueblos originarios, subrayando el reto que aún representa la profesionalización de estos servicios en el país. Anunció también la creación de un centro de acreditación de intérpretes en la Universidad Intercultural.
Entre los asistentes estuvieron el presidente municipal de San Felipe del Progreso, Javier Jerónimo Apolonio; las consejeras Cristel Pozas y Astrid Avilez; Leticia Mejía García, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local; Manuel Quiñones, de Cedipiem; y otras autoridades de la universidad y el Poder Judicial estatal.
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