Información de Gerardo Carmona
La presunta red de extorsión operada desde áreas de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México habría convertido el control administrativo de los verificentros en un mecanismo para exigir pagos, cobrar por revalidaciones e intentar apoderarse de concesiones e infraestructura.
El esquema, que de acuerdo con las indagatorias funcionaba al menos desde diciembre de 2023, pretendía reunir más de 430 millones de pesos antes de noviembre de 2026 sólo por la revalidación de líneas. A los concesionarios se les habría exigido hasta 500 mil pesos por cada una, además de cuotas mensuales de entre 30 mil y 100 mil pesos.
La investigación señala como uno de los probables operadores a Raúl Piña Horta, entonces director general de Control de Emisiones Atmosféricas, quien habría convocado el 23 de diciembre de 2023 a propietarios y administradores a una reunión en un restaurante de la Ciudad de México. Ahí, según testimonios incorporados a la carpeta, habría planteado que cada establecimiento debía entregar 200 mil pesos mensuales para continuar operando.
La presión se ejercía, según la Fiscalía, mediante el bloqueo remoto del Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular, la reducción en la entrega de hologramas y procedimientos administrativos por supuestas irregularidades. La reactivación del sistema habría servido para exigir nuevos pagos.
Las pesquisas apuntan además a que parte de esos costos terminó trasladándose a los automovilistas mediante los llamados “brincos”, pagos para obtener la verificación cuando un vehículo no aprobaba las pruebas o acudía de manera extemporánea.
La entidad tiene más de siete millones de vehículos sujetos a verificación semestral, 163 verificentros y 878 líneas en operación.
La Fiscalía sostiene que integrantes de la red también presionaron a algunos concesionarios para ceder porcentajes de sus empresas y utilizaron al menos dos razones sociales para intentar quedarse con centros de verificación. Los pagos en efectivo eran entregados, según testimonios, en inmuebles de Bosques de las Lomas y Cuajimalpa, en la Ciudad de México.
Entre el 10 y el 14 de agosto fueron asegurados cinco verificentros en Nezahualcóyotl, Almoloya de Juárez, Coacalco y Tlalnepantla, además de cateos en oficinas de la dependencia en Metepec y Tlalnepantla.
El caso estalló el 10 de agosto, cuando fueron detenidos Piña Horta, en Acapulco, y Carlos Eduardo Solares Vega, director de Control de Emisiones a la Atmósfera, en la Ciudad de México. La captura reveló por primera vez la dimensión de una investigación que involucraba a funcionarios, exservidores públicos y particulares.
Ambos fueron vinculados a proceso el 16 de agosto y permanecen en el penal de Chalco bajo prisión preventiva justificada; Piña Horta por extorsión agravada y Solares Vega por abuso de autoridad.
Las primeras indagatorias habían ubicado al menos 15 verificentros como posibles víctimas, aunque la cifra puede aumentar conforme se presenten nuevas denuncias. La investigación continúa contra otros servidores y exservidores públicos, así como particulares.