El diputado local Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso mexiquense y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, reconoció que el incremento de dos pesos a la tarifa del transporte público genera inconformidad social, pero sostuvo que se trata de una decisión de carácter administrativo que no depende de la Legislatura y que el Gobierno del Estado asume “como una responsabilidad y no como un costo político”.
Respecto a la entrada en vigor del ajuste tarifario este miércoles, de 12 a 14 pesos para el traslado mínimo, el legislador explicó que el acuerdo fue emitido por la Secretaría de Movilidad estatal y no requiere aprobación del Congreso, pues se trata de una atribución exclusiva del Ejecutivo estatal. “El incremento no pasa por la Legislatura. Es una facultad de la Secretaría. Sabemos del costo social, pero también de la presión de los concesionarios para mejorar el servicio. La parte esencial es que los usuarios vean los resultados: seguridad, unidades nuevas y un mejor servicio”, indicó.
Vázquez Rodríguez admitió que toda medida de esta naturaleza “genera rechazo porque afecta el bolsillo”, pero confió en que el alza se traduzca en mejoras tangibles para los pasajeros. “Creemos que el incremento debe emparejarse con un servicio digno y eficiente.
“Ser gobierno implica asumir los costos y responsabilidades. No se cambia un régimen de 90 años en dos, pero estamos trabajando para hacerlo distinto. No se trata de trasladar el costo político, sino de asumir la responsabilidad como gobierno para presionar a los concesionarios a cumplir con lo que corresponde”, sostuvo.
El coordinador morenista descartó que el Congreso cite a comparecer al secretario de Movilidad, como parte de la glosa del Informe, aunque no descartó reuniones de trabajo para conocer los criterios técnicos que sustentaron el aumento. “No se trata de hacer del tema una disputa política. Más que comparecencias, se requieren explicaciones claras y compromiso de cumplimiento. Somos un mismo equipo, el gobierno y la Legislatura”, y explicó que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez “tiene la responsabilidad y la cercanía para dar la cara ante la ciudadanía”, y que la administración estatal mantiene una política de diálogo con los transportistas, enfocada en la modernización de las unidades, seguridad y chatarrización.
Enfatizó que el reto es doble: mejorar el transporte público y atender las condiciones de vialidad, seguridad y regulación del servicio, incluyendo taxis colectivos y plataformas digitales. “La ley de transporte debe revisarse. Donde no están permitidos, están prohibidos, y eso debe regularse. Es parte de las tareas pendientes”, expresó.