
En un hecho inédito, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el Estado de México anunció su decisión de abstenerse de realizar un llamado al voto y de organizar encuentros con candidaturas durante el proceso electoral judicial extraordinario, al considerar que las condiciones en las que fue concebido el mecanismo de elección no garantizan transparencia ni representación plena.
Julián Niembro Rivera, presidente estatal del organismo empresarial, señaló que la Coparmex no puede avalar un proceso que, desde su diseño, presenta fallas estructurales que ponen en riesgo la confianza ciudadana. “Esta elección no cumple con los estándares mínimos de certidumbre y legalidad que demandamos como sociedad”, indicó.
El también empresario del sector de estacionamientos criticó que, a pesar de tratarse de una elección que por primera vez someterá a voto popular los cargos de jueces y magistrados, las autoridades responsables no garantizaron condiciones de claridad, eficiencia ni agilidad en el ejercicio democrático. Entre las deficiencias que observan están el número excesivo de boletas, que serán 10 por persona en el Estado de México; la complejidad logística del conteo de votos y la falta de mecanismos inmediatos de validación.
“Estamos protestando con hechos. No vamos a promover un proceso que desde su raíz está mal planteado. Es un error pretender legitimar una elección que podría abrir espacios a la desconfianza, la opacidad y la desinformación”, enfatizó.
Niembro Rivera advirtió que los tiempos prolongados para el cómputo y entrega de resultados podrían provocar incertidumbre, además de que la ausencia de controles estrictos en el manejo de los paquetes electorales representa un riesgo para la integridad del proceso.
Aunque Coparmex no organizará foros ni campañas de participación, señaló que sí serán observadores durante la jornada electoral del 1 de junio, con el objetivo de documentar irregularidades y construir propuestas de reforma para modificar el modelo de elección judicial en el futuro.
Esta postura crítica que ha asumido el organismo patronal se da en un contexto en el que otros sectores también han manifestado inquietud por la improvisación y falta de garantías en la elección de jueces y magistraturas, en un ejercicio inédito en el país.
La etapa de campañas para elección de jueces y magistrados locales arrancó el pasado 24 de abril y concluirá el 28 de mayo, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la viabilidad y legitimidad del proceso.

