Información de Gerardo Carmona
El Partido del Trabajo en el Estado de México respaldó las acciones legales emprendidas por comunidades indígenas de Huixquilucan contra las empresas señaladas por la contaminación de manantiales, mantos acuíferos y fuentes de agua para consumo humano, luego del derrame de combustible que mantiene desde hace una semana un bloqueo en la autopista.
El conflicto se concentra en Magdalena Chichicaspa, donde habitantes mantienen cerrada la vialidad a la altura del kilómetro 33+200, en protesta por las afectaciones ambientales derivadas del accidente de una pipa que transportaba combustible. De acuerdo con reportes locales, el derrame alcanzó un vertedero que desemboca en los manantiales de la zona, lo que afectó hasta 80% del suministro de agua de la comunidad.
Reginaldo Sandoval Flores, comisionado político nacional del PT en la entidad, sostuvo que la defensa del agua y del medio ambiente no puede quedar sólo en manos de las comunidades afectadas, sino que debe ser acompañada por instituciones, autoridades y sociedad civil.
El dirigente petista advirtió que los accidentes relacionados con el transporte de materiales flamables y sustancias de manejo especializado se han vuelto recurrentes en carreteras, autopistas y corredores de carga pesada del país, por lo que planteó revisar las condiciones en que operan estas unidades, así como los controles técnicos y de seguridad aplicados a las empresas transportistas.
En Magdalena Chichicaspa, los pobladores han señalado que la contaminación alcanzó los tanques que abastecen a la comunidad y que cerca de 35 mil habitantes resultaron afectados. También han denunciado la muerte de especies como ajolotes y peces, además de incumplimientos en la entrega de agua mediante pipas y apoyos para la limpieza de tinacos.
Sandoval Flores consideró que detrás de estos percances pueden existir factores como falta de pericia, escasa experiencia de operadores en vehículos de alta complejidad o ausencia de protocolos estrictos para el traslado de sustancias peligrosas.
Cuando ocurre un derrame de esta magnitud, dijo, las consecuencias no se limitan al daño ambiental, pues comunidades enteras pueden perder el acceso al agua potable y enfrentar riesgos severos para su salud.
El representante petista pidió a autoridades militares, ambientales, de protección civil y de procuración de justicia intervenir con prontitud para atender el daño ocasionado a los ecosistemas y a las familias afectadas. También llamó a deslindar responsabilidades y obligar a las empresas involucradas a asumir las consecuencias legales, ambientales y sociales que correspondan.
El PT planteó que este caso debe llevar al reforzamiento de la supervisión sobre el transporte de materiales peligrosos, con capacitación permanente, protocolos de prevención y mayores controles técnicos para reducir el riesgo de nuevos accidentes.
“El derecho al agua y a un medio ambiente sano no puede quedar expuesto por negligencias o falta de regulación efectiva”, sostuvo Sandoval Flores, al insistir en que las comunidades afectadas deben contar con respaldo institucional durante el proceso jurídico y en la reparación de los daños.