Información de Gerardo Carmona
La diputada morenista Arleth Stephanie Grimaldo Osorio propuso penas de hasta 20 años de prisión para servidores públicos que autoricen o faciliten cambios de uso de suelo en áreas naturales protegidas o terrenos afectados por incendios forestales, como parte de una iniciativa que busca cerrar la posibilidad de que zonas quemadas sean utilizadas posteriormente para desarrollos inmobiliarios, comerciales o industriales.
La legisladora de Morena presentó reformas a los códigos Penal, para la Biodiversidad y Administrativo del Estado de México, con las que también plantea elevar a delito grave determinados casos de incendios forestales.
La propuesta establece penas de 10 a 15 años de prisión y multas de 3 mil a 6 mil Unidades de Medida y Actualización cuando un incendio sea provocado dentro de un Área Natural Protegida, represente riesgo para la vida de personas o existan elementos para presumir que tuvo como finalidad propiciar un cambio de uso de suelo.
Para los servidores públicos que autoricen, faciliten o consientan de manera indebida modificaciones en terrenos incendiados, áreas protegidas, reservas ecológicas o zonas de valor ambiental, las sanciones aumentarían de 15 a 20 años de cárcel, además de multas, destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La restricción alcanzaría a predios que hubieran sufrido incendios forestales durante los 30 años previos, periodo en el cual no podrían autorizarse cambios de uso de suelo con fines habitacionales, comerciales, industriales o de servicios.
Las únicas excepciones previstas serían proyectos vinculados con restauración ecológica, conservación ambiental o aprovechamiento sustentable, sujetos a criterios específicos y al uso de infraestructura de bajo impacto.
La iniciativa también obligaría a realizar labores de restauración, recuperación y conservación de los suelos afectados por el fuego, con el propósito de preservar su vocación ecológica después de un siniestro.
Como parte de la exposición de motivos se cita información de la Comisión Nacional Forestal que contabilizaba 329 incendios en el Estado de México durante el primer trimestre de 2026. El registro correspondía al corte del 26 de marzo, cuando la entidad ocupaba el primer lugar nacional por número de incendios, aunque no por superficie afectada.
Grimaldo Osorio plantea que las reformas no se limiten a aumentar las sanciones contra quienes provoquen incendios, sino que también impidan obtener posteriormente un beneficio mediante la urbanización o explotación de los predios afectados.
De aprobarse, las autoridades estatales y municipales tendrían que abstenerse de avalar modificaciones de uso de suelo contrarias a la vocación ambiental de terrenos incendiados y de zonas sujetas a algún régimen de protección ecológica.
La propuesta deberá ser turnada a comisiones de la Legislatura mexiquense para su análisis y eventual dictaminación antes de que pueda ser sometida a votación del pleno.