Información de Gerardo Carmona
El grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de México presentó este martes una iniciativa para establecer protocolos de mediación escolar y endurecer las sanciones contra quienes presenten denuncias falsas, con dolo, contra maestras y maestros.
La propuesta, impulsada por la diputada Leticia Mejía, plantea reformar la Ley de Educación estatal y el Código Penal mexiquense, bajo el argumento de que los conflictos escolares deben atenderse con rutas claras, acompañamiento institucional y respeto al debido proceso, sin debilitar la protección de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con la legisladora priísta, la iniciativa busca evitar que acusaciones sin sustento sean utilizadas como mecanismo para dañar la reputación, estabilidad laboral y vida familiar de docentes, principalmente cuando los señalamientos derivan de conflictos que pudieron atenderse mediante mediación o intervención oportuna de las autoridades educativas.
“Una acusación falsa no sólo mancha el nombre del señalado, destruye su entorno, su tranquilidad, la tranquilidad de su familia, la confianza de los alumnos y su salud emocional”, sostuvo Mejía al presentar la propuesta.
La diputada advirtió que hay maestras y maestros que, después de enfrentar una denuncia injusta, viven con ansiedad, miedo y estigmatización dentro de sus propias comunidades escolares. En algunos casos, añadió, pierden su empleo, su estabilidad económica y el respeto construido durante años de trabajo frente a grupo.
El planteamiento priísta prevé incorporar protocolos claros de atención y mediación escolar para conflictos entre docentes, estudiantes, madres y padres de familia. La intención, explicó Mejía, es que exista una ruta institucional para prevenir la violencia, atender diferencias, ofrecer acompañamiento legal y psicológico, y evitar que los problemas escalen sin una revisión objetiva.
La iniciativa también propone reforzar el reconocimiento de la labor docente dentro de la legislación educativa, al incluir la protección del honor, crédito y prestigio de maestras y maestros como parte de su revalorización profesional.
En materia penal, el PRI plantea aumentar las sanciones cuando, después de un procedimiento judicial, se determine que una denuncia fue falsa y presentada con dolo. Actualmente, este delito se castiga con penas de dos a seis años de prisión, de 50 a 500 días multa y hasta mil días multa por reparación del daño.
La reforma busca elevar la pena a un rango de cuatro a 12 años de prisión, además de establecer hasta cinco mil días multa como reparación del daño para la persona afectada por una acusación falsa.
Mejía rechazó que la propuesta pretenda inhibir denuncias reales de violencia, abuso o maltrato en las escuelas. Por el contrario, afirmó que toda acusación que involucre daño contra niñas, niños o adolescentes debe investigarse con seriedad, sensibilidad y firmeza.
“No estamos en contra de las denuncias, estamos a favor de la verdad, y la verdad se construye con investigación responsable, con diálogo y con una cultura de paz”, expresó.
La legisladora señaló que el objetivo es construir un sistema de justicia “más equilibrado”, que proteja a víctimas reales, pero que también evite el uso abusivo de la denuncia como instrumento de venganza o presión en el ámbito escolar.
“Cuando un docente es señalado injustamente, toda la comunidad pierde: pierden los alumnos, pierden los padres y se pierde la confianza en la escuela”, añadió.
El PRI sostuvo que la propuesta forma parte de una agenda orientada a fortalecer la convivencia democrática en los planteles y a consolidar escuelas seguras, justas y respetuosas para todas las partes involucradas.