Información de Gerardo Carmona
La bancada del PRD en el Congreso del Estado de México propuso castigar hasta con 70 años de prisión el homicidio de dos o más elementos de instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, así como de integrantes de las fuerzas armadas, cuando el crimen ocurra durante el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.
La iniciativa, presentada por la diputada Araceli Casasola Salazar a nombre del grupo parlamentario coordinado por Omar Ortega Álvarez, plantea reformar el Código Penal estatal para establecer sanciones agravadas ante ataques letales contra policías y servidores públicos encargados de tareas de seguridad.
De acuerdo con la propuesta, el homicidio de un elemento de estas corporaciones ameritaría penas de hasta 25 años de prisión y tres mil días multa. Sin embargo, cuando el ataque sea contra dos o más integrantes de cuerpos policiacos o servidores de seguridad pública, en un mismo hecho o en agresiones distintas, la sanción podría aumentar hasta 70 años de cárcel y cinco mil días multa.
Durante la sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, Casasola señaló que, de enero a abril de 2026, 10 policías han sido asesinados en el Estado de México. Detrás de cada uniforme, dijo, hay madres, padres e hijos que cumplen sus funciones en condiciones de riesgo y vulnerabilidad.
La legisladora sostuvo que la violencia contra elementos de seguridad no puede tratarse como un homicidio simple, pues en diversos casos se trata de agresiones dirigidas a intimidar a las corporaciones, frenar labores de auxilio y vigilancia, o abrir espacios de impunidad para grupos criminales.
El proyecto advierte que los ataques con superioridad numérica, emboscadas o armas de uso exclusivo del Ejército representan una amenaza directa contra las instituciones encargadas de preservar el orden público.
Casasola afirmó que permitir este tipo de agresiones sin una consecuencia jurídica agravada envía un mensaje de debilidad institucional, por lo que consideró necesario que la ley responda con mayor contundencia.
“No se puede exigir una ética intachable a nuestras fuerzas policiales si el marco legal les otorga el mismo valor jurídico que a un particular en situaciones de confrontación letal”, expresó la diputada. La iniciativa fue turnada para su análisis legislativo.