Información de Gerardo Carmona
El grupo parlamentario del PRD en el Congreso del Estado de México presentó una iniciativa para impedir que personas con antecedentes de violencia de género, violencia familiar, acoso u hostigamiento sexual, así como deudores alimentarios morosos, puedan ocupar la rectoría y cargos directivos en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).
La propuesta, impulsada por el coordinador perredista Omar Ortega Álvarez y por la diputada Araceli Casasola Salazar, busca modificar la Ley Orgánica de la institución para establecer nuevos filtros de elegibilidad en la designación de la persona titular de la rectoría, así como de direcciones de organismos académicos, centros universitarios y escuelas preparatorias.
El planteamiento parte de un diagnóstico que reconoce que la violencia contra las mujeres no ha sido ajena a la vida universitaria. En la exposición de motivos se menciona que la Dirección de Responsabilidad Universitaria resolvió 402 asuntos por distintas violencias entre el 8 de marzo y el 15 de mayo de 2023, lo que derivó en 241 sanciones: 117 contra docentes y 124 contra estudiantes.
La iniciativa también recupera uno de los episodios que exhibieron con mayor fuerza la dimensión del problema dentro de la máxima casa de estudios mexiquense. Recuerda que, en febrero de 2020, alumnas de la Facultad de Ciencias de la Conducta denunciaron la existencia de una red de pornografía no consensuada promovida por un estudiante. A partir de ese caso se multiplicaron las denuncias en 11 de los 59 espacios universitarios, donde aparecieron los llamados tendederos de acoso con nombres de presuntos agresores.
Según el proyecto, esos hechos se tradujeron en 35 denuncias por acoso u hostigamiento sexual ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, de las cuales siete de cada 10 se dirigieron contra docentes. Para marzo de ese año, 51 profesores ya habían sido suspendidos, destituidos o despedidos, mientras la universidad presentó 21 denuncias ante el Ministerio Público. A esos expedientes se sumaron otros 20 correspondientes a 2018 y 2019, para un total de 71 casos en dos años.
Con ese antecedente, el PRD propone que ninguna persona aspirante a la rectoría o a una dirección universitaria haya sido condenada mediante sentencia firme por delitos relacionados con violencia de género, violencia familiar, acoso sexual, hostigamiento sexual, feminicidio o cualquier otra conducta tipificada como violencia contra las mujeres por razón de género.
La restricción también alcanzaría a quienes hayan sido sancionados por resolución definitiva en un procedimiento administrativo universitario o por autoridad competente por conductas de la misma naturaleza. Además, se plantea que no puedan registrarse quienes aparezcan en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos o cuenten con sentencia firme por incumplimiento de obligaciones alimentarias.
La reforma va más allá de los requisitos de ingreso al cargo. También establece que una sentencia condenatoria firme, una resolución administrativa definitiva e inatacable por esas conductas, o la inscripción en el padrón de deudores alimentarios durante el ejercicio del cargo, serán causa de separación inmediata de la rectoría, de las direcciones y de cualquier titular de dependencia de la administración central universitaria.
En esos casos, el Consejo Universitario tendría la obligación de declarar la vacante y poner en marcha el procedimiento de sustitución conforme a la normatividad vigente.
Como medida transitoria, la iniciativa prevé que quienes actualmente ocupen esos cargos deberán entregar, ante la Comisión de Procesos Electorales o el Consejo Universitario, una constancia de no antecedentes penales por los delitos señalados, dentro de los 90 días naturales siguientes a la eventual publicación del decreto.
Con esta propuesta, el PRD busca trasladar a la legislación universitaria el principio de que no puede haber autoridades educativas señaladas o sancionadas por violencias contra las mujeres en una institución que, desde hace años, arrastra denuncias y reclamos de alumnas por falta de espacios seguros.