Información de Gerardo Carmona
Los titulares de los tres órganos que integran el Poder Judicial del Estado de México suscribieron un compromiso de cero tolerancia a la corrupción y el cohecho, que contempla medidas para investigar irregularidades, sancionar conductas ilícitas y combatir prácticas como el abuso de autoridad, las demoras injustificadas en los procedimientos judiciales y el uso indebido de recursos públicos.
El documento fue firmado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Héctor Macedo García; la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Maricela Reyes Hernández, y el titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Fernando Díaz Juárez.
Durante el acto, Macedo García advirtió que la corrupción dentro de las instituciones judiciales no se limita a la solicitud de dinero o la recepción de beneficios indebidos, pues también comprende el incumplimiento de obligaciones, el maltrato al personal y los abusos cometidos desde posiciones de autoridad.
“El cargo no concede privilegios, ni va a ofrecer protección frente a las responsabilidades”, sostuvo el magistrado presidente, quien señaló que la integridad institucional debe reflejarse tanto en las resoluciones de los juzgadores como en el desempeño cotidiano de las áreas administrativas.
También llamó a los servidores públicos a denunciar las irregularidades que detecten y advirtió que la lealtad institucional no debe confundirse con el encubrimiento o el silencio frente a prácticas indebidas.
Sin embargo, puntualizó que las investigaciones deberán sustentarse en hechos concretos y respetar el debido proceso, pues las acusaciones falsas también pueden utilizarse como mecanismo de presión contra jueces y magistrados para intentar influir en sus resoluciones.
Por su parte, la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Maricela Reyes Hernández, informó que los lineamientos de investigación aprobados por ese órgano establecen un plazo de seis meses para desarrollar los procedimientos relacionados con posibles irregularidades.
Explicó que esta disposición busca evitar investigaciones prolongadas y ofrecer respuestas oportunas a quienes presentan denuncias contra integrantes del Poder Judicial.
La magistrada señaló que el tribunal también trabaja en mecanismos preventivos y de profesionalización del personal, con el propósito de reducir los riesgos de corrupción y abuso de autoridad dentro de la institución.
En tanto, Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración Judicial, sostuvo que el pronunciamiento debe traducirse en acciones verificables y resultados medibles, y no limitarse a una declaración de principios.
Indicó que estas medidas forman parte del plan institucional del Poder Judicial mexiquense para el periodo 2025-2027 y de las políticas anticorrupción promovidas en los ámbitos estatal y nacional.
El acuerdo establece que las conductas posiblemente constitutivas de faltas administrativas o delitos deberán ser investigadas por las autoridades competentes, con respeto a los derechos humanos y las garantías procesales.
En la firma participaron magistrados integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, así como funcionarios de la Contraloría Interna y otras áreas del Poder Judicial estatal.