Información de Gerardo Carmona
El Poder Judicial del Estado de México aprobó una reorganización del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para ampliar la atención a distancia y agilizar la resolución de conflictos, principalmente en materia familiar. También acordó establecer una política de salud para sus trabajadores, que contempla atención médica, apoyo psicológico y medidas contra la violencia laboral.
Durante una sesión del Órgano de Administración Judicial (OAJ), presidido por el magistrado Fernando Díaz Juárez, se autorizó formalizar el Centro Virtual de mediación como una unidad administrativa con personal propio, responsabilidades definidas y mecanismos de coordinación con los juzgados.
El nuevo esquema permitirá realizar sesiones de mediación y juntas informativas a distancia, además de incorporar documentos directamente a los expedientes electrónicos, con el propósito de reducir traslados, trámites presenciales y retrasos en los procedimientos judiciales.
La reorganización contempla que personal fijo atienda los asuntos desde su recepción hasta su conclusión, así como una conexión directa entre los órganos jurisdiccionales y el centro de mediación.
Como parte de su implementación, se realizarán pruebas piloto en el Juzgado Séptimo Familiar de Toluca y el Juzgado Mixto de Chalco, con residencia en Ixtapaluca. También se prevén adecuaciones en la Torre II de los juzgados civiles y familiares de la capital mexiquense.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Héctor Macedo García, sostuvo que la mediación virtual puede contribuir a disminuir el rezago judicial, especialmente en los asuntos familiares, al ofrecer alternativas para solucionar controversias sin necesidad de agotar todas las etapas de un juicio.
En la misma sesión, el OAJ aprobó las bases de una Política Integral de Salud para los servidores públicos judiciales, que incluye revisiones médicas preventivas, campañas de vacunación, orientación nutricional, actividades físicas y atención a problemas de salud mental.
El acuerdo también contempla consultorios médicos básicos, seguros complementarios, apoyos económicos ante contingencias y mecanismos confidenciales para denunciar casos de violencia laboral.
Se establecerán evaluaciones para identificar riesgos psicosociales y acciones específicas de protección para trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, así como para personas con enfermedades degenerativas o en condiciones de vulnerabilidad.
La Dirección General de Administración será responsable de instrumentar estas medidas, mientras que el área de Finanzas y Planeación deberá gestionar los recursos necesarios. No se informó el monto presupuestal requerido ni las fechas previstas para poner en marcha todos los servicios.
Durante la reunión también se aprobó la creación de brigadas regionales permanentes para apoyar a los juzgados familiares y se analizaron modificaciones en la ubicación, competencia y funcionamiento de diversos órganos jurisdiccionales.
En la sesión participaron integrantes del OAJ y, como invitados permanentes, Macedo García y la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Maricela Reyes Hernández.