En un contexto de creciente preocupación social por el aumento en las denuncias por despojo de bienes inmuebles, las distintas bancadas del Congreso del Estado de México han impulsado propuestas legislativas y acciones institucionales para sancionar con mayor severidad este delito y garantizar la restitución expedita de los derechos de posesión o propiedad a las víctimas.
De acuerdo con datos oficiales, entre enero de 2024 y marzo de 2025 se han registrado más de seis mil 200 denuncias por este ilícito, lo que representa un promedio de 14 casos al día. Las iniciativas presentadas buscan, además de incrementar las penas, establecer mecanismos de restitución inmediata y crear una estrategia integral para prevenir y sancionar estas agresiones patrimoniales.
Por parte del Grupo Parlamentario de morena, el diputado Octavio Martínez Vargas propuso una reforma al Código Penal para que el despojo sea considerado delito grave, con penas de cinco a diez años de prisión cuando se cometa con violencia física, en contra de personas adultas mayores, mediante engaños o con abuso de autoridad. Además, propuso que el Ministerio Público pueda solicitar la restitución provisional del inmueble en un plazo de 24 horas, siempre que la víctima acredite su legítima posesión.
En esa misma línea, planteó tipificar como delito la retención ilegal de cuotas al ISSEMyM por parte de servidores públicos y sancionar con prisión la colocación de calcomanías de organizaciones sociales o partidos en vehículos como medio para evadir obligaciones fiscales o administrativas.
A esta propuesta se sumó la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quien presentó una iniciativa para endurecer aún más las sanciones, con penas de hasta 25 años de cárcel y 500 días de multa cuando el despojo se cometa en perjuicio de personas en situación de vulnerabilidad —como mujeres, indígenas o adultos mayores— o cuando sea perpetrado por servidores públicos. La propuesta contempla también agravantes cuando se trate de bienes ubicados en áreas naturales protegidas.
Salinas Reyes subrayó la necesidad de que las investigaciones y procesos judiciales se conduzcan con perspectiva de género e interseccionalidad, en concordancia con los protocolos aplicables y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Por su parte, la diputada Lilia Urbina Salazar, del PRI, propuso que el Congreso exhorte a la Secretaría de Seguridad estatal a implementar una estrategia interinstitucional que permita contener el delito de despojo mediante campañas informativas, capacitación a policías, operativos focalizados y la creación de una unidad especializada en la Fiscalía General de Justicia para atender de forma inmediata y profesional las denuncias.
Durante su exposición, alertó sobre el incremento de casos: de mil 841 carpetas de investigación en 2015 se pasó a cuatro mil 936 en 2024. En los primeros dos meses de este año, el delito aumentó 7% respecto al mismo periodo de 2024. Los municipios más afectados son Ecatepec, Tecámac, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Chalco y Toluca.
Desde distintas posiciones ideológicas, las y los legisladores coincidieron en que la protección del patrimonio familiar requiere de medidas urgentes ante el crecimiento urbano, la precariedad de la vivienda y la falta de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra en diversas regiones del estado.