Información de Gerardo Carmona
El Poder Judicial del Estado de México prepara una reconfiguración profunda de su presencia en los municipios, mediante un esquema de justicia de proximidad que incluirá juzgados especializados para asuntos de resolución inmediata y un nuevo mecanismo denominado Juzgado Libre, orientado a emitir órdenes de protección en situaciones de violencia familiar sin que las víctimas tengan que desplazarse a un tribunal.
En entrevista, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, adelantó que la estrategia comenzará a operar durante el primer trimestre de 2026 y forma parte de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Construcción de la Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. El proyecto arrancará en los once municipios del estado que permanecen bajo Alerta de Violencia de Género —siete de ellos con doble declaratoria— debido a la urgencia de acercar la justicia a zonas donde los traslados a una sede judicial pueden tomar hasta tres horas.
El esquema contempla la instalación inicial de módulos municipales que, en una segunda etapa, se convertirán en juzgados locales con facultades para atender conflictos civiles menores, casos de arrendamiento y controversias familiares, estos últimos responsables del mayor número de expedientes y del rezago judicial en la entidad.
“Las familias dejan de buscar justicia porque la sede está lejos o el proceso implica gastos que no pueden cubrir. La intención es que cada municipio cuente al menos con un punto de atención y que la Defensoría Pública pueda integrarse directamente al servicio, de modo que las personas no tengan que recorrer varias oficinas”, explicó el magistrado.
La propuesta más innovadora es el Juzgado Libre, un sistema que operará a través del C5 estatal. Una llamada telefónica desde una situación de riesgo detonará la intervención inmediata del Poder Judicial, que, tras una evaluación automatizada mediante herramientas de inteligencia artificial, emitirá órdenes de protección sin la intermediación del Ministerio Público, la Secretaría de las Mujeres o corporaciones policiales.
“La decisión debe recaer en el juez especializado. Hay que creerle a la persona que está siendo violentada. Si no actuamos con rapidez, la violencia se repite”, sostuvo Macedo.
El Poder Judicial aún trabaja en la definición del costo total del proyecto, aunque ya se incorporó al presupuesto estatal del próximo año. En paralelo, realiza un análisis estadístico para determinar en qué municipios se requerirá infraestructura física y en cuáles podrá operar un modelo virtual. El objetivo es expandir el sistema hacia regiones con mayor dispersión territorial, como la zona de los Volcanes, el norte del estado y comunidades rurales donde acudir a un tribunal implica largas distancias.
Más allá de la reorganización administrativa, el magistrado reconoció que el desafío central es cultural: transformar la forma en que se conciben los vínculos familiares y privilegiar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Para ello, dijo, los nuevos juzgados deberán impulsar procesos restaurativos y mecanismos de conciliación que disminuyan la conflictividad y eviten que los conflictos escalen a la violencia.
Macedo destacó que el diseño de la iniciativa ha involucrado a los tres poderes del estado y consideró “sin precedentes” la coordinación alcanzada para construir un modelo que, aseguró, será presentado oficialmente en las próximas semanas. “El Tribunal hará su propuesta, pero será el Congreso quien determine la ruta final. Lo que está claro es que estamos trabajando juntos; no hay otra manera de reconstruir la justicia en el Estado de México”, afirmó.