Información de Gerardo Carmona
El combate a la corrupción en el Estado de México debe traducirse en sanciones efectivas, recuperación de recursos públicos desviados y una mayor participación de la sociedad en la vigilancia de las instituciones, plantearon expresidentes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción.
Durante la presentación de la décima quinta edición de la revista semestral Experiencia Anticorrupción, efectuada este jueves en la Escuela Judicial del Estado de México, en Toluca, los exfuncionarios reconocieron avances en la construcción del sistema, pero también señalaron deficiencias que deberán atenderse ante las reformas previstas en el país.
Josefina Román Vergara, expresidenta del CPC, sostuvo que la ciudadanía difícilmente confiará en las instituciones mientras los responsables de actos de corrupción no enfrenten consecuencias y el dinero sustraído del erario no sea recuperado.
“Cada peso que sea público y que alguien se hubiera llevado debe regresar a las arcas”, expresó. Consideró que los mecanismos de fiscalización, investigación y sanción deben funcionar de manera coordinada para impedir que las irregularidades queden impunes.
Marco Antonio González Castillo cuestionó que, después de casi una década de esfuerzos institucionales, los resultados sigan siendo limitados.
También criticó la duplicidad de procedimientos de fiscalización, pues una sola obra pública puede ser auditada hasta por cuatro dependencias.
Propuso simplificar los mecanismos de control y evitar que los requisitos para integrar el CPC terminen por excluir a ciudadanos que mantienen vínculos directos con los problemas de sus comunidades.
En su intervención, José Guadalupe Luna Hernández advirtió que la corrupción no debe reducirse a estadísticas o estructuras burocráticas, pues sus consecuencias se manifiestan en extorsiones cometidas por servidores públicos, abusos contra personas privadas de la libertad y despojos de propiedades mediante redes de complicidad.
Señaló que la participación social resulta indispensable para impedir que los organismos encargados de combatir estas prácticas sean capturados por intereses particulares.
Luis Manuel de la Mora Ramírez afirmó que tampoco basta con acreditar la legalidad del gasto público, sino que debe verificarse si los recursos cumplieron su propósito social. Advirtió que las políticas anticorrupción sin presupuesto ni acciones concretas quedan reducidas a buenas intenciones.
José Martínez Vilchis, primer presidente del CPC mexiquense, recordó las dificultades que enfrentó la instalación del sistema, particularmente por la falta de recursos y las resistencias institucionales para aceptar que un órgano ciudadano encabezara la coordinación de las autoridades.
En contraste, Alberto Gándara Ruiz Esparza, actual presidente del CPC y del Comité Coordinador, defendió los avances del modelo mexiquense, aunque reconoció que las 60 prioridades de la Política Estatal Anticorrupción derivaron en más de 230 acciones, cuya complejidad obliga a revisar los mecanismos para medir sus resultados.
Destacó que el Estado de México cuenta con una estructura que contempla sistemas anticorrupción en sus 125 municipios, característica que consideró una fortaleza ante eventuales modificaciones al modelo nacional.
Gándara informó que el próximo 21 de octubre se rendirá el informe del Comité Coordinador en la sede del Instituto Electoral del Estado de México, donde se expondrán los resultados del último año.
El encuentro dejó planteada la necesidad de que el sistema evolucione de la construcción de instituciones hacia resultados verificables, particularmente en la prevención, sanción de irregularidades y recuperación del patrimonio público.