Información de Gerardo Carmona
El gobierno mexicano debe reforzar el acompañamiento institucional a los más de 25 mil trabajadores agrícolas que cada año viajan a Canadá, ante las deficiencias que persisten en materia de libertad sindical, seguridad laboral y protección frente a abusos, planteó Max Correa Hernández, dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC).
Durante una mesa de análisis sobre los derechos de los mexicanos en el exterior, realizada en la Cámara de Diputados, Correa Hernández presentó las conclusiones del informe La situación de los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá 2025, elaborado por UFCW Canadá, organización sindical que sostiene que ese país aún no cumple plenamente los compromisos de “trabajo decente” establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El dirigente campesino participó a nombre de Barry Sawyer, presidente nacional de UFCW Canadá, y señaló que entre los principales problemas se encuentran las restricciones a la libertad de asociación, las condiciones de seguridad en los centros de trabajo y los mecanismos para evitar la explotación de los jornaleros migrantes.
El documento cuestiona, en particular, el sistema de permisos laborales ligados a un empleador específico, pues considera que genera una relación de dependencia que dificulta a los trabajadores abandonar un centro laboral ante posibles abusos.
También advierte deficiencias en la supervisión de los empleadores y obstáculos para acceder a permisos abiertos destinados a trabajadores en situación de vulnerabilidad.
Correa Hernández pidió que representantes sindicales participen en la reunión anual de evaluación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), prevista para noviembre en Ottawa, con el propósito de que las experiencias y reclamos de los trabajadores formen parte de las negociaciones entre ambos países.
Entre las 10 recomendaciones planteadas por UFCW figuran eliminar los permisos cerrados vinculados a un solo empleador; ampliar el acceso a permisos abiertos para trabajadores vulnerables; garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva; establecer esquemas de negociación sectorial en la agricultura y ampliar las vías para obtener la residencia permanente.
También propone crear una comisión nacional para trabajadores migrantes, aumentar la rendición de cuentas de los empleadores, establecer un programa denominado “Empleador Santuario” e institucionalizar el diálogo social entre Canadá, México, países del Caribe y organizaciones de trabajadores.
El PTAT opera desde 1974 y permite a mexicanos laborar temporalmente en el sector agrícola canadiense por periodos de entre mes y medio y ocho meses. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que durante 2025 más de 25 mil personas fueron colocadas mediante este mecanismo; 97.5 por ciento fueron hombres y 2.5 por ciento mujeres.
Estado de México, Michoacán, Veracruz y Puebla se encuentran entre las entidades que más trabajadores aportan al programa, mientras Ontario, Quebec y Columbia Británica concentran la mayor recepción de mano de obra mexicana. En territorio mexiquense destacan Juchitepec, Tenango del Valle, Temascalcingo, Amecameca, Tenancingo y San José del Rincón como municipios de origen de jornaleros que viajan cada temporada a Canadá.