Información de Gerardo Carmona
Ante los riesgos de amenazas, agresiones y otras formas de violencia contra quienes participen en las elecciones de 2027, el diputado local del PRI Alejandro Castro Hernández propuso que el gobierno del Estado de México instale una mesa estatal de seguridad que permita identificar zonas de riesgo y establecer medidas de protección antes y durante la contienda.
El planteamiento, presentado ante la LXII Legislatura mediante un exhorto al Ejecutivo estatal, busca reunir a autoridades de seguridad, procuración de justicia y organismos electorales, así como a representantes de los partidos políticos, para coordinar acciones preventivas frente a posibles conflictos.
Castro Hernández sostuvo que la participación política no debe quedar condicionada por amenazas o intimidaciones, tanto para aspirantes y candidatos como para militantes y ciudadanos. Señaló que la libertad para organizar reuniones, recorrer distritos y acudir a las urnas debe garantizarse desde las etapas previas a la jornada electoral.
El legislador propuso que en esa instancia participen las secretarías General de Gobierno y de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), autoridades federales competentes y, cuando sea necesario, gobiernos municipales.
Entre las medidas previstas figura la actualización del Mapa Estatal de Riesgos para la Seguridad Electoral, con información verificable sobre municipios y regiones con alta incidencia delictiva, conflictos sociales y antecedentes de amenazas o ataques contra personas vinculadas con la actividad política.
Asimismo, el proyecto plantea elaborar un protocolo estatal para prevenir y atender la violencia política, con criterios públicos e imparciales para otorgar medidas de protección y procedimientos para recibir denuncias, canalizarlas a las instancias correspondientes y dar seguimiento a cada caso.
El diputado priista consideró que ninguna institución puede asumir por sí sola la responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad durante los comicios. Por ello, insistió en la necesidad de coordinar a las dependencias involucradas sin invadir las atribuciones de las autoridades electorales ni de procuración de justicia.
La propuesta también contempla reuniones periódicas de evaluación e informes públicos sobre los riesgos detectados, las acciones adoptadas y las condiciones de seguridad durante el proceso, con reservas para proteger datos personales e información sensible.
En los comicios locales de 2027 estarán en disputa mil 291 cargos de elección popular: 45 diputaciones de mayoría relativa, 30 de representación proporcional, 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas y 966 regidurías.Pide PRI mesa de seguridad para prevenir violencia en elecciones de 2027