El grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de México propuso castigar con penas de cinco a 10 años de prisión a quienes carguen combustible en una gasolinera y se den a la fuga sin realizar el pago, conducta que pretende incorporar de manera expresa como una modalidad agravada del delito de robo.
La iniciativa, presentada ante el pleno por la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio, plantea reformar la fracción XXII del artículo 290 del Código Penal estatal, que ya establece de cinco a 10 años de prisión para el robo cometido contra una unidad económica. La modificación busca precisar que la misma sanción se aplique cuando una persona reciba insumos, productos o servicios y evite pagarlos o huya a bordo de un vehículo.
El proyecto, turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, establece además una sanción económica de una a tres veces el valor de lo robado, sin exceder mil 500 días multa, y señala que esas penas se aplicarían sin perjuicio de las correspondientes por otros delitos.
Álvarez Villavicencio sostuvo que esta práctica ha dejado de ser un simple incumplimiento de pago y representa un riesgo para despachadores, clientes y otras personas que se encuentran en las estaciones de servicio, debido a que los conductores suelen abandonar el lugar a alta velocidad.
La legisladora afirmó que el fenómeno se ha presentado con mayor frecuencia en las zonas metropolitanas de los valles de Toluca y México. Sin embargo, en la información difundida sobre la iniciativa no se precisó el número de casos registrados ni se aportaron estadísticas oficiales sobre su incidencia.
La propuesta fue impulsada con apoyo de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (Adigal) y recibió el respaldo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca.
Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de Adigal, señaló que las evasiones suelen representar pérdidas de mil o dos mil pesos por evento y advirtió que las huidas también pueden poner en riesgo la integridad del personal y de los usuarios de las estaciones.
Por su parte, Fernando Reyes Muñoz, presidente de la Canaco Servytur Valle de Toluca, consideró que la reforma permitiría dar mayor certeza jurídica a los establecimientos y evitar que estos hechos sean tratados únicamente como controversias por falta de pago.
La iniciativa deberá ser analizada en comisiones antes de que pueda ser sometida a votación del pleno. De aprobarse, la conducta quedaría expresamente incorporada a las circunstancias agravantes previstas para el delito de robo contra unidades económicas.