Dos niños de seis y cuatro años fueron víctimas de violencia extrema dentro de su propio hogar, en la colonia Ejidal El Pino de este municipio. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el padrastro de los menores, identificado como Jorge Alberto “N”, los sometía a castigos crueles que les ocasionaron quemaduras de segundo grado y múltiples lesiones.
Los infantes declararon que eran obligados a colocar las manos sobre un comal caliente y que en ocasiones sufrían quemaduras con encendedores. Además, la niña menor fue castigada en repetidas ocasiones al ser sumergida en botes con agua helada.
Las agresiones eran toleradas e incluso justificadas por la madre de los menores, Estefany “N”, quien argumentaba que se trataba de métodos de corrección. Testimonios refieren también que, en ausencia de los padres, los niños recibían maltratos de parte de la hermana del agresor.
El abuelo materno, Jorge Manuel González Montaño, intervino al percatarse de las condiciones de violencia en que vivían sus nietos. Con apoyo del padre biológico, presentó la denuncia ante las autoridades y solicitó la custodia, que ya le fue concedida de manera provisional. Los menores permanecen bajo su resguardo y reciben atención médica y psicológica especializada.
La FGJEM informó que se configuró el delito de violencia familiar y se analizan cargos adicionales contra Jorge Alberto “N” por tortura y lesiones. La madre de los niños podría ser procesada por complicidad y omisión en el maltrato.
Vecinos de la colonia expresaron indignación por el caso, recordando que en la misma comunidad ocurrió recientemente el asesinato del niño Fernandito, lo que ha generado mayor exigencia hacia las autoridades para reforzar la protección de la infancia.
Organizaciones de defensa de los derechos de niñas y niños señalaron que este caso refleja la urgencia de políticas públicas que fortalezcan la prevención y detección temprana de la violencia en los hogares. Insistieron en que la crueldad contra menores debe ser castigada con todo el rigor de la ley y que el Estado tiene la obligación de garantizar su seguridad y bienestar.