El Poder Judicial de la Federación concedió un amparo a cinco integrantes del cabildo constitucional de Valle de Bravo que fueron removidos de sus cargos por la presidenta municipal Michelle Núñez Ponce en junio del año pasado. La resolución judicial calificó como inconstitucional el acto de destitución y ordenó medidas reparatorias, incluida la restitución de los pagos suspendidos y el respeto a sus derechos como representantes electos.
Los ediles beneficiarios del fallo son Pastor Nava Montoro, síndico municipal; y los regidores María Magdalena Rodríguez Benítez, Édgar Ledezma Bernal, Adrián Carlos Benítez García y Alejandro Reyes Jaramillo, quienes fueron separados de sus funciones sin previo aviso el 28 de junio de 2024, cuando fueron sustituidos por sus suplentes y dados de baja de la nómina. Además, se les impidió el acceso a sus oficinas, según denuncias realizadas por los propios afectados.
De acuerdo con el comunicado emitido por los ediles, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo, con sede en Toluca, resolvió el juicio de amparo 143/2025 a su favor. La sentencia determinó que la presidenta municipal no contaba con facultades legales para ordenar la suspensión de sus percepciones ni su separación del cargo, por lo que ordenó dejar sin efecto dichas medidas y reintegrar los montos que dejaron de percibir.
El fallo también obliga a la alcaldesa y al secretario del Ayuntamiento a responder de manera congruente y oportuna las solicitudes presentadas por los integrantes del cabildo, tras concluir que se violó su derecho fundamental de petición.
La resolución federal se suma a otras decisiones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, como el sobreseimiento de un juicio iniciado por el exsecretario del Ayuntamiento, Juan Montes de Oca Gómez Tagle, que también fue destituido durante la gestión municipal 2022–2024.
Los ediles señalaron que continúan los procesos legales relacionados con un incidente por falsificación de firmas y declaraciones en el juzgado federal. De confirmarse la falsedad, advirtieron, podrían derivarse responsabilidades penales para los implicados.
El grupo de funcionarios reiteró que fueron electos por voto popular y que, conforme a la legislación vigente, sólo el Congreso del Estado de México puede ordenar su destitución. Advirtieron que seguirán documentando y denunciando lo que consideran una serie de actos autoritarios en la actual administración municipal.