Información de Gerardo Carmona
En la propuesta adelantan el inicio del proceso electoral 2027 de enero a septiembre del presente año
Las bancadas de Morena, PVEM y PT en el Congreso del Estado de México presentaron una iniciativa de reforma constitucional y legal para armonizar en la entidad la reforma electoral federal del llamado Plan B, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con una propuesta que incluye recortes en la integración de ayuntamientos, límites al presupuesto del Poder Legislativo local, prohibición de reelección inmediata para diputaciones y cargos municipales, así como candados para impedir candidaturas de familiares de quienes se encuentren en funciones.
La propuesta fue presentada por los coordinadores parlamentarios Francisco Vázquez, de Morena; José Alberto Couttolenc, del PVEM; y Óscar González, del PT, quienes plantean un rediseño institucional bajo el argumento de hacer más eficiente, austero y transparente el ejercicio del poder público. El paquete también busca reconfigurar el calendario electoral mexiquense, al adelantar de enero a septiembre el inicio formal del proceso electoral local, en vísperas de los comicios de 2027.
Uno de los cambios más relevantes plantea que los ayuntamientos queden integrados por una presidencia municipal, una sola sindicatura y hasta 15 regidurías, cuyo número dependerá de la población de cada municipio. La iniciativa señala que esta modificación surtiría efectos a partir del siguiente periodo constitucional municipal posterior a su entrada en vigor, aunque se mantendría el número actual de sindicaturas y regidurías en los municipios que ya se encuentren ajustados a esos parámetros, salvo que el crecimiento poblacional justifique cambios posteriores.
En materia de nepotismo, la iniciativa propone impedir que una persona pueda contender por una diputación, la gubernatura o un cargo de ayuntamiento si en los 3 años previos a la elección tuvo vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin límite de grado, en línea colateral hasta cuarto grado o por afinidad hasta segundo grado, con quien esté ejerciendo el cargo correspondiente. En el caso de reelección y nepotismo para ayuntamientos, se prevé que estas disposiciones entren en vigor hasta el proceso electoral de 2030.
El proyecto también establece que las diputadas y diputados no podrán reelegirse para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Sólo las personas suplentes podrán ser postuladas como propietarias para el siguiente periodo, siempre que no hayan entrado en funciones. El mismo criterio se aplicaría a presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.
Otro de los ejes de la reforma es el ajuste a los tiempos del proceso electoral. La propuesta plantea que la convocatoria para elecciones ordinarias sea expedida a más tardar el 15 de septiembre del año previo a la jornada y publicada en la primera semana de octubre. Además, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México debería iniciar formalmente el proceso en los primeros 15 días de septiembre y no en enero del año electoral, como sucede actualmente.
También se propone ampliar de 15 a 30 días el periodo para registrar candidaturas a la gubernatura, diputaciones e integrantes de ayuntamientos, así como recorrer fechas clave para el nombramiento de vocalías y consejerías electorales distritales y municipales. Según la exposición de motivos, estos cambios buscan dar mayor margen de operación a la autoridad electoral local ante la concurrencia de la elección de ayuntamientos y diputaciones con la de personas juzgadoras del Poder Judicial estatal.
La iniciativa plantea, además, que las campañas concluyan antes del cuadragésimo quinto día anterior al inicio del plazo para el registro de candidaturas, en lugar del vigésimo quinto día, y que las precampañas no duren más de dos terceras partes del tiempo de las campañas. El objetivo, según el documento, es ordenar mejor las fases internas de selección y hacer coincidir en mayor medida el calendario local con el federal.
En el terreno presupuestal, el proyecto propone que el presupuesto anual del Congreso mexiquense no rebase el 0.70% del presupuesto total de egresos de la entidad y que no pueda incrementarse en términos reales respecto a lo aprobado para 2026. Sólo podría actualizarse conforme a la inflación anual. Además, quedarían prohibidas ampliaciones, transferencias o reclasificaciones que en los hechos eleven el gasto legislativo por encima de ese tope.
En la misma lógica de austeridad, se plantea que las consejerías y magistraturas electorales, así como las secretarías y titulares de áreas del IEEM y del Tribunal Electoral estatal, no ganen más que la persona titular de la Presidencia de la República. También se propone prohibir la contratación con recursos públicos de seguros médicos privados, seguros de vida, fondos especiales de retiro y otras prestaciones no previstas por la ley.
La iniciativa incorpora además una cláusula para procurar la inclusión de personas jóvenes en candidaturas. En diputaciones, se busca que puedan ser postuladas personas de entre 21 y 29 años, y en ayuntamientos, de entre 18 y 29, como parte de una política para ampliar el ejercicio de derechos político-electorales.
De acuerdo con la exposición de motivos, el rediseño responde a la necesidad de evitar la concentración de actos en lapsos reducidos y de permitir una mejor planeación institucional en un proceso que, por primera vez, combinará la renovación de cargos de elección popular con la elección de cerca de 400 cargos judiciales en la entidad. La mayoría legislativa sostiene que este escenario impone exigencias inéditas al árbitro electoral mexiquense y obliga a adelantar preparativos, registros y decisiones administrativas.
Con ello, la coalición legislativa gobernante abrió uno de los debates políticos más relevantes rumbo a 2027: el rediseño de las reglas electorales y de representación municipal en el Estado de México, con un paquete que mezcla austeridad, reorganización institucional y nuevos candados para el acceso a cargos públicos.