Información de Gerardo Carmona

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena resolvió expulsar de sus filas a Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, quien enfrenta un proceso penal por su presunta participación en la simulación de su secuestro, caso que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) relaciona con un supuesto faltante de 40 millones de pesos en las finanzas municipales.
La sanción comprende la cancelación de la afiliación de Nápoles Pacheco y su separación definitiva de la presidencia del Consejo Estatal de Morena en el Estado de México, cargo que ocupaba desde 2022.
La determinación se atribuye al expediente CNHJ-MEX-374/2026, abierto en junio pasado, cuando la dirigencia nacional solicitó investigar posibles violaciones a los estatutos y principios del partido. En ese momento, la comisión suspendió de manera provisional sus derechos como militante.
El procedimiento interno avanzó hasta el 22 de septiembre, cuando el órgano partidista cerró la instrucción y ordenó preparar una resolución. Según el acuerdo correspondiente, la alcaldesa no compareció a la audiencia estatutaria celebrada el 25 de agosto.
La expulsión se conoció el 18 de noviembre, aunque hasta este jueves no estaba disponible para consulta pública el texto íntegro del fallo, por lo que no se conocen todos sus fundamentos. Nápoles Pacheco podrá impugnar la decisión ante las instancias electorales competentes.
El caso penal se originó a finales de mayo, después de que la alcaldesa denunciara haber sido privada de la libertad. La fiscalía mexiquense sostuvo posteriormente que el supuesto plagio había sido organizado por la propia funcionaria, su esposo y otros implicados, con la finalidad de exigir un rescate de 40 millones de pesos que, según su hipótesis, servirían para encubrir irregularidades financieras en el ayuntamiento.
El 9 de julio, un juez de control vinculó a proceso a Nápoles Pacheco por el delito de secuestro simulado, pero autorizó la suspensión condicional del procedimiento durante seis meses, sujeta al cumplimiento de diversas obligaciones. La presidenta municipal ha rechazado las acusaciones y sostiene que fue víctima de un secuestro real y que no existe desfalco en su administración.
La resolución partidista no implica su destitución como alcaldesa, puesto que se trata de un cargo de elección popular y su eventual separación requeriría un procedimiento distinto.
El mismo miércoles, integrantes del Colectivo Tenancingo acudieron al Congreso mexiquense para exigir su remoción y solicitar investigaciones sobre el ejercicio de recursos públicos. Los manifestantes pidieron que la Legislatura intervenga en la crisis política del municipio.

