Información de Gerardo Carmona
En el Estado de México, mil 114 docentes de primaria, secundaria y educación media superior han sido certificados por el Poder Judicial mexiquense como mediadores escolares, una figura con la que se busca atender conflictos dentro de los planteles antes de que escalen a instancias administrativas o jurisdiccionales.
Mario Alberto Montaño Delgado, director regional Toluca del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, explicó que esta certificación ha permitido construir una red de profesores con herramientas para identificar, encauzar y atender problemas de convivencia entre estudiantes, docentes, madres y padres de familia.
De acuerdo con el funcionario, el principal asunto que se registra en las escuelas es el acoso escolar o bullying, aunque la intervención de los mediadores también permite atender desacuerdos cotidianos que afectan la convivencia dentro de las comunidades educativas.
“El mayor logro es que hoy por hoy tienen la estructura más grande y más amplia, institucionalmente hablando, de facilitadores certificados. Cada profesor o autoridad ha adquirido una visión particular del conflicto y se hace portador de una filosofía de construcción de paz”, señaló Montaño Delgado.
El Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias es el responsable de certificar a los mediadores escolares por un periodo de cinco años. Para obtener esa acreditación, las y los docentes deben cursar 120 horas de capacitación, en modalidad en línea, aprobar un examen de conocimientos y una evaluación práctica, en la que demuestran su capacidad para conducir procesos de diálogo.
La certificación puede renovarse cada cinco años ante el Poder Judicial del Estado de México. El proceso de formación está a cargo de la Unidad de Certificación, Capacitación y Extensión del Centro MASC, coordinada por Verónica Hernández Alcántara.
Montaño Delgado sostuvo que el papel de los mediadores escolares es funcionar como primer filtro frente a los conflictos dentro de los planteles. Su tarea, dijo, no es sancionar, sino facilitar el diálogo entre las partes, diagnosticar el origen del problema y promover acuerdos que permitan recomponer la relación entre quienes integran la comunidad escolar.
“Lo que calificamos es que la persona tenga la capacidad de hacer un diagnóstico del asunto que se le presenta y al mismo tiempo llevar el diálogo desde la mediación entre las personas que tienen el conflicto”, explicó.
Cuando los conflictos rebasan las posibilidades de intervención de las y los docentes certificados, el caso puede ser canalizado al Poder Judicial, a través del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, dirigido por la magistrada Blanca Colmenares Sánchez.
En esas instancias se atienden casos que implican obligaciones jurídicas, como el pago por daños materiales o físicos, entre otros acuerdos que requieren formalización.
La estrategia forma parte de una red interinstitucional en la que participan la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, mediante el Consejo Escolar del Bienestar; la Comisión de Derechos Humanos estatal, y la Universidad Autónoma del Estado de México.
Con ello, el Poder Judicial mexiquense busca extender la cultura de paz en las escuelas y fortalecer mecanismos alternativos que permitan resolver controversias desde el diálogo, antes de que los conflictos deriven en procesos legales o en mayores afectaciones para niñas, niños, adolescentes y sus familias.