Cinco días después de los hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) manifestó su rechazo a los actos de violencia registrados durante la marcha del 2 de octubre en Toluca, en los que participaron elementos policiales y resultaron afectadas personas manifestantes, integrantes de la sociedad civil, comerciantes, instituciones bancarias y periodistas.
El organismo, presidido por el recientemente nombrado por el Congreso como su presidente, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, señaló que el derecho a la protesta pacífica debe ser garantizado por el Estado, conforme a sus obligaciones constitucionales. En ese sentido, informó que se iniciaron las investigaciones correspondientes a través de los expedientes de queja CODHEM/TOL/441/2025 y CODHEM/ACE/MPDH/8/2025, con el propósito de determinar posibles vulneraciones a derechos humanos y deslindar responsabilidades.
La Codhem subrayó que la manifestación social es un derecho individual y colectivo que debe ejercerse de manera responsable y pacífica, y recordó que las autoridades sólo pueden aplicar restricciones proporcionales cuando existan riesgos para la seguridad pública. Asimismo, advirtió que la criminalización de la protesta constituye una práctica inadmisible que atenta contra las libertades fundamentales.
El organismo defensor de derechos humanos informó que se estableció contacto directo con periodistas que cubrieron la movilización, con el fin de brindar acompañamiento y atención a través de la Visitaduría Adjunta de Atención a Personas Migrantes, Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos.
“La labor periodística es esencial para garantizar el derecho de la sociedad a estar informada y a participar de manera consciente en la vida democrática”, puntualizó la Codhem en su comunicado.
Finalmente, el organismo hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales a garantizar una investigación exhaustiva sobre los hechos, esclarecer responsabilidades y sancionar a quienes hayan actuado fuera del marco legal. La Codhem, añadió, dará seguimiento puntual a las indagatorias para asegurar que no haya impunidad y se respete el derecho a la libre manifestación en la entidad.