En un intento por frenar el crecimiento de los despojos en la entidad, el diputado José Miguel Gutiérrez Morales, del grupo parlamentario de Morena, propuso ante el Congreso del Estado de México una reforma al Código Penal estatal para declarar este ilícito como delito grave, establecer sanciones más severas y ampliar los supuestos jurídicos bajo los cuales puede configurarse.
La iniciativa plantea penas de hasta 17 años de prisión y multas de hasta seis mil unidades de medida y actualización (UMA), equivalentes a 678 mil 840 pesos, especialmente en los casos en que se acredite la autoría intelectual o la dirección de una invasión.
El legislador advirtió que, sin importar si la posesión del bien está en disputa, el Estado debe garantizar la protección de la propiedad legítima. Para ello, propone considerar como delito grave el despojo incluso en circunstancias en las que el derecho a la posesión resulte dudoso, a fin de cerrar espacios a simulaciones y fraudes legales.
De acuerdo con la propuesta, el castigo será mayor si el inmueble objeto del despojo se encuentra en una zona decretada como área natural protegida por el Ejecutivo estatal, caso en el que se impondrán de ocho a 15 años de cárcel y multas de hasta cinco mil UMA (565 mil 700 pesos).
Gutiérrez Morales explicó que la reforma busca también reconocer nuevas formas de despojo, como el desvío y uso no autorizado de aguas públicas o privadas, los actos de dominio sobre bienes ajenos y las agresiones contra personas usuarias legítimas de estos recursos.
Asimismo, se contempla castigar con hasta 15 años de prisión y multas de hasta cuatro mil 500 UMA (alrededor de 508 mil pesos) cuando el delito se cometa con violencia física o moral, o se afecte a personas en situación de vulnerabilidad, como menores de edad, personas mayores de 60 años, con discapacidad o mujeres embarazadas.
Otras agravantes previstas incluyen el uso de documentos falsificados o identidades suplantadas para inscribir la posesión o propiedad en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), así como la intervención de servidores públicos o notarios en actos que faciliten el despojo.
La propuesta también establece que el delito se considerará permanente mientras continúe la ocupación ilegal del bien, y que las autoridades deberán emitir órdenes de protección que garanticen la restitución inmediata del inmueble o derecho real afectado.
Durante la presentación de la iniciativa, el diputado Valentín Martínez Castillo, también de Morena, respaldó la propuesta y celebró la reciente creación de una unidad especializada dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para investigar este tipo de delitos, que se han multiplicado en diversas regiones de la entidad.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen.