Información de Gerardo Carmona
El Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que contemplan penas de hasta 36 años de prisión por ataques con ácido o sustancias químicas contra mujeres, cuando las lesiones pongan en peligro su vida y exista una relación de parentesco, confianza o subordinación con el agresor, o éste sea servidor público.
La sanción máxima resulta de sumar las agravantes aprobadas a las penas que ya establece el Código Penal por lesiones que ponen en riesgo la vida de la víctima. El dictamen también reconoce la violencia ácida o química como una modalidad específica de agresión contra las mujeres y establece obligaciones de atención médica y reparación integral del daño.
Las reformas derivan de iniciativas presentadas por las diputadas morenistas Zaira Cedillo Silva y Nelly Brigida Rivera Sánchez, así como por la bancada del PRD, coordinada por Omar Ortega Álvarez, y de planteamientos de la Fundación Carmen Sánchez, organización que acompaña a sobrevivientes de estos ataques.
El decreto fija penas de hasta 15 años de prisión y de 200 a 500 días multa para quien cause lesiones dolosas a mujeres, niñas o adolescentes mediante ácidos, líquidos a altas temperaturas u otras sustancias corrosivas, tóxicas o inflamables.
Cuando provoquen desfiguración permanente en rostro, cabeza, cuello, mamas o genitales, o pérdida definitiva de funciones de órganos o sentidos, la pena podrá llegar a 20 años de cárcel.
Si el agresor mantiene con la víctima una relación familiar, sentimental, laboral, docente o de confianza, o actúa como servidor público, las sanciones previstas por esas conductas podrán aumentar hasta 22 años y seis meses, o 30 años, respectivamente. El delito se perseguirá de oficio en los supuestos agravados.
La legislación también prevé sanciones de cinco a 10 años de cárcel para lesiones químicas dolosas contra hombres, que podrían alcanzar 16 años al sumarse las penas vigentes por lesiones graves.
En materia de reparación del daño, las autoridades deberán garantizar gratuitamente cirugías reconstructivas, rehabilitación física y psicológica, prótesis y tratamientos especializados de largo plazo. También se consideran compensaciones por ingresos que la víctima deje de percibir y medidas para recuperar su proyecto de vida.
El personal médico deberá atender prioritariamente a las víctimas, preservar las pruebas clínicas y notificar de inmediato al Ministerio Público. La omisión de ese aviso podrá ser sancionada. Las autoridades deberán facilitar el traslado inmediato a unidades médicas de alta especialidad.
Durante la discusión, Rivera Sánchez reconoció a las sobrevivientes y defensoras que impulsaron las reformas; Cedillo Silva destacó las disposiciones sobre reparación integral.
En contraste, la diputada perredista Araceli Casasola Salazar cuestionó que el dictamen sólo retomara parcialmente las propuestas de la Fundación Carmen Sánchez y anunció que su bancada presentará otra iniciativa para completar los cambios legales.