Información de Gerardo Carmona
Desconocen a Juan Hugo De la Rosa, secretario del ramo, como interlocutor válido
El Movimiento Transportista Mexiquense desconoció al secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, como interlocutor válido del sector y solicitó la intervención directa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ante lo que calificó como falta de respuesta a los problemas que enfrentan concesionarios y permisionarios de la entidad.
En conferencia de prensa dn Toluca, la agrupación acusó que dentro de la Secretaría de Movilidad persisten prácticas de corrupción, tráfico de influencias y abuso de funciones, pese al cambio de titular en la dependencia. Señaló que los acuerdos alcanzados con anterioridad no se han cumplido y que la operación interna de la secretaría mantiene en incertidumbre a quienes prestan el servicio público de transporte.
Los transportistas afirmaron que De la Rosa García ha permitido que colaboradores cercanos asuman decisiones que, de acuerdo con la ley, corresponden a otras áreas de la dependencia o al propio secretario.
Uno de los señalamientos fue dirigido contra José Guadalupe Luna Hernández, secretario particular del titular de Movilidad, a quien acusaron de intervenir en determinaciones ajenas a su cargo. Según el movimiento, esta situación habría propiciado actos de corrupción y tráfico de influencias en perjuicio del gremio.
También señalaron a Luz María Esparza Martínez, adscrita a la Subsecretaría de Movilidad, de asumir funciones que corresponderían a la Dirección General del Registro Estatal del Transporte Público. La agrupación sostuvo que esa actuación se ha dado en medio de un vacío de conducción dentro de la dependencia.
Ante ello, el Movimiento Transportista Mexiquense consideró que la Secretaría de Movilidad requiere una conducción con mayor conocimiento técnico, capacidad de respuesta y compromiso con el sector, por lo que pidió a la mandataria estatal revisar la situación interna de la dependencia.
La organización advirtió que la falta de atención puede profundizar el descontento en un sector que consideró estratégico para la gobernabilidad del Estado de México, debido al impacto que tiene en la movilidad diaria de millones de usuarios.
Como parte de sus demandas, los transportistas plantearon el cumplimiento de acuerdos ya firmados con la Secretaría de Movilidad; la separación inmediata de los funcionarios señalados, y la publicación en la Gaceta del Gobierno de los acuerdos que permitan acceder a beneficios fiscales y administrativos para regularizar concesiones.
Además, solicitaron modificar la normatividad vigente para ampliar a 13 años la vida útil de los vehículos concesionados. Argumentaron que esta medida permitiría dar viabilidad económica a miles de transportistas, ante los costos que implica renovar unidades.
El movimiento aseguró que su planteamiento se mantiene dentro del marco legal y manifestó disposición para construir soluciones con las autoridades estatales, siempre que exista una interlocución formal y efectiva para atender los rezagos del transporte público en la entidad.