Información de Gerardo Carmona
A tres años del accidente ocurrido en el estadio Nemesio Diez, donde un aficionado alcoholizado cayó desde un nivel superior y lesionó gravemente a Jorge Luis González Reyes, el caso está cerca de resolverse en la vía civil, mientras que la denuncia penal fue archivada por el Ministerio Público sin que se realizara una sola diligencia de investigación. Este lunes, una jueza de los juzgados de Almoloya de Juárez determinó que se repusiera la investigación y comenzara el proceso judicial, ante las omisiones del agente del Ministerio Público, Ronnie Albino Bautista, quien archivó la demanda sin iniciar una investigación.
Así lo informó la abogada Italy Ciani Sotomayor, representante legal de la víctima, quien recordó que los hechos ocurrieron el 13 de octubre de 2022 durante un partido del Club Deportivo Toluca FC, cuando un asistente en presunto estado de ebriedad cayó sobre el joven desde la zona alta del inmueble. El impacto le provocó politraumatismos, contusión de tórax con fractura de esternón, rabdomiólisis y fractura de rodilla, lesiones que lo mantuvieron inmovilizado durante siete meses y le dejaron secuelas permanentes.
“El accidente cambió por completo su vida. Jorge Luis no pudo trabajar durante meses y tuvo que asumir gastos médicos y de rehabilitación que rebasaron sus posibilidades. Lo más grave es que las autoridades no actuaron con la diligencia que el caso ameritaba”, explicó la litigante.
Ciani Sotomayor precisó que el Ministerio Público archivó la carpeta penal sin recabar pruebas ni testimonios, a pesar de que el hecho ocurrió en un espacio privado de acceso controlado y bajo responsabilidad del Club Deportivo Toluca FC. “No se citó a declarar a testigos ni se solicitó información a la directiva del club. Fue una omisión total que vulnera el derecho de acceso a la justicia”, lamentó.
Ante la falta de respuesta en la vía penal, la defensa presentó una demanda civil contra el Club Deportivo Toluca FC y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), al considerar que ambas instituciones son corresponsables de garantizar la seguridad en los estadios. “El club es dueño del inmueble y organizador del evento; la Federación, por su parte, debe supervisar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y consumo de alcohol dentro de los estadios. Por eso pedimos que se reconozca la responsabilidad compartida”, afirmó.
La abogada explicó que el proceso civil está próximo a resolverse en los juzgados de Toluca, y confió en que el fallo podría marcar un precedente jurídico sobre la obligación de los clubes deportivos de ofrecer condiciones seguras a los asistentes. “Si el juez nos da la razón, será la primera vez que se sancione a un club por negligencia en la seguridad de sus instalaciones. Eso abriría la puerta para que las víctimas de hechos similares encuentren justicia”, sostuvo.
Jorge Luis González Reyes, de 28 años, sigue en tratamiento médico y con movilidad limitada. Los especialistas que lo atienden le han advertido que las lesiones dejarán secuelas de por vida, particularmente en la rodilla afectada. “Lo que él busca no es dinero, sino justicia y responsabilidad. No puede ser que ir a un partido de futbol signifique poner en riesgo la vida por falta de control y protocolos”, dijo Ciani Sotomayor.
La abogada señaló que, pese al tiempo transcurrido, ni el club ni la FMF se han acercado con la víctima para ofrecerle apoyo o disculpas. “Ha habido silencio absoluto. No hay reconocimiento del daño ni disposición para reparar el perjuicio”, denunció.
Recordó que el accidente ocurrió en un momento en que el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los estadios era un tema de debate nacional, tras otros incidentes violentos registrados en recintos deportivos. “Este caso demuestra que no basta con revisar los accesos o prohibir objetos; se requiere un control real sobre el consumo de alcohol y un plan de prevención dentro de las gradas”, subrayó.
El expediente civil —añadió— también incluye pruebas médicas, testimonios y reportes hospitalarios que acreditan la gravedad de las lesiones y la pérdida económica sufrida por el joven. “Él tuvo que costear cirugías, medicinas, terapias y estudios especializados. Durante meses no tuvo ingresos. Es una situación de enorme vulnerabilidad derivada de un hecho completamente evitable”, enfatizó.
Finalmente, Ciani Sotomayor confió en que el caso sirva para revisar los protocolos de seguridad en todos los estadios del país y exigir a los clubes medidas efectivas de protección. “La seguridad de los asistentes no puede depender de la suerte. Este caso debe marcar un antes y un después en la responsabilidad de las instituciones deportivas”, concluyó.