Información de Gerardo Carmona

La esposa del diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, hizo pública una denuncia en redes sociales en la que lo señala por presuntas amenazas y violencia sicológica, en un mensaje videograbado que colocó al legislador mexiquense en el centro de una nueva controversia pública.
En la grabación, difundida desde una cuenta personal, María Irene Dipp acusa que ha padecido agresiones de tipo emocional y advierte sobre un clima de intimidación en el ámbito privado. La publicación fue acompañada por un mensaje en el que expone que decidió hacer visible la situación, con lo que el señalamiento trascendió del terreno íntimo al político.
El señalamiento es relevante por el perfil público de Ávila Villegas, exmandatario mexiquense, exsenador, exalcalde de Ecatepec, expresidente estatal del PRI. y actual legislador federal en la Cámara de Diputados federal, donde ha mantenido presencia en temas legislativos y de seguridad. La denuncia, además, irrumpe en un contexto en el que la violencia contra las mujeres y las agresiones en el espacio doméstico ocupan un lugar central en la agenda pública y legislativa.
Hasta la noche de este lunes, no se había hecho pública una postura pública del diputado federal sobre el contenido de la acusación difundida por su esposa, ni un pronunciamiento institucional de su grupo parlamentario en torno al caso. Tampoco se había informado, de manera pública, sobre la presentación de una denuncia penal o de medidas de protección derivadas del mensaje difundido en redes.
La publicación desató reacciones inmediatas en plataformas digitales, donde usuarios reclamaron el esclarecimiento de los hechos y exigieron que cualquier señalamiento de violencia contra una mujer sea atendido por las autoridades competentes, con independencia del cargo político o de la trayectoria pública de la persona señalada.
La difusión del video no sólo es un frente abierto de su vida familiar, sino que podría tener un potencial costo político, en tiempos en que la clase política ya piensa en la elección del 2027 y de un fuerte rechazo social frente a la violencia de género, más, si está ligada con el ámbito político-electoral.

