Información de Gerardo Carmona
En poco más de un año, juzgados del Poder Judicial del Estado de México han dictado tres mil 625 medidas de protección en favor de mujeres que enfrentan situaciones de violencia o riesgo, además de 879 sentencias con perspectiva de género, de acuerdo con datos del propio tribunal.
Las resoluciones se han emitido entre enero de 2025 y febrero de 2026 desde juzgados especializados que operan en línea para atender casos de violencia familiar y para autorizar órdenes de protección, cateos y aprehensiones cuando se trata de situaciones urgentes. Estos mecanismos buscan actuar con rapidez ante denuncias de agresión o vulnerabilidad que afectan principalmente a mujeres y menores de edad.
Durante 2025, los órganos jurisdiccionales del estado dictaron 758 sentencias con perspectiva de género, mientras que en los primeros meses de 2026 se han sumado 121 resoluciones más bajo ese criterio en materias penal, familiar, civil y laboral. Este enfoque obliga a juezas y jueces a considerar las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres al momento de resolver los casos.
Las medidas de protección —como órdenes de restricción, resguardo policial o separación del agresor del domicilio— constituyen herramientas jurídicas destinadas a prevenir nuevos actos de violencia mientras se desarrollan los procesos judiciales.
En paralelo, autoridades de los tres poderes del estado, junto con la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, impulsaron la creación del Juzgado LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), un órgano especializado que busca reforzar la atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes que enfrentan contextos de violencia.
Este juzgado operará las 24 horas del día durante los 365 días del año y tendrá competencia en todo el territorio mexiquense, con el propósito de emitir medidas de protección de manera inmediata y reducir los riesgos para las víctimas.
El anuncio de estas acciones ocurre en un contexto marcado por las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer, en el que organizaciones y colectivos han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales para prevenir y sancionar la violencia de género en el país.