Información de Gerardo Carmona
La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que durante 2026 ha realizado 344 supervisiones técnicas y operativas en los centros penitenciarios de la entidad, en medio de una crisis de sobrepoblación que llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a ordenar medidas urgentes en el penal Neza-Bordo y de diversas protestas por presuntas irregularidades en reclusorios mexiquenses.
De acuerdo con la dependencia, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social efectuó 34 revisiones técnicas para verificar estándares penitenciarios y aspectos considerados en los diagnósticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
A éstas se suman 310 supervisiones operativas de la Dirección de Seguridad y Operaciones y del Grupo Táctico, cuyo propósito, señaló la SSEM, es localizar objetos o sustancias prohibidas, detectar posibles esquemas de autogobierno y mantener el control de las cárceles.
En algunos operativos participa personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Entre el 30 de septiembre y el dos de octubre se efectuó una revisión especializada en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, con apoyo de elementos de la Compañía de Apoyo a Centros Penitenciarios de la GN.
Las revisiones ocurren a menos de dos semanas de que la SCJN ordenara al gobierno mexiquense adoptar medidas inmediatas contra el hacinamiento en Neza-Bordo. El fallo, aprobado por unanimidad el 23 de septiembre, incluyó evaluar beneficios de preliberación, elaborar un plan para reducir la sobrepoblación y rendir informes periódicos sobre su cumplimiento.
El problema no se limita a ese reclusorio. La estadística penitenciaria correspondiente a agosto indica que 16 de los 21 penales mexiquenses operan por encima de su capacidad. Neza-Bordo tenía 6 mil 205 internos para 2 mil 83 espacios; Chiconautla, 6 mil 271 para 2 mil 136; Barrientos, 5 mil 916 para mil 539, y Santiaguito albergaba 5 mil 274 personas pese a disponer de 2 mil 310 lugares.
La situación penitenciaria también ha provocado movilizaciones durante este año. El seis de junio, familiares de internos del penal de Cuautitlán protestaron afuera del centro y denunciaron presuntos cobros, golpes, obstáculos para las visitas y otras irregularidades atribuidas a custodios; además exigieron la destitución del director.
El 27 de julio, alrededor de 90 comerciantes se manifestaron frente a los juzgados ubicados junto a Neza-Bordo y bloquearon durante más de media hora la avenida Bordo de Xochiaca. Los inconformes denunciaron que presuntas llamadas de extorsión continuaban realizándose desde el interior del penal y exigieron investigar posibles responsabilidades de autoridades penitenciarias.
La SSEM sostuvo que las inspecciones buscan impedir el ingreso y posesión de artículos prohibidos, obtener información para tareas de inteligencia y evitar estructuras de autogobierno. No detalló cuántos objetos o sustancias han sido decomisados durante las 344 revisiones, ni informó sobre sanciones a servidores públicos derivadas de estos operativos.