Información de Gerardo Carmona
El Congreso del Estado de México avaló la minuta de reforma constitucional federal que pospone de 2027 a 2028 la siguiente elección de personas juzgadoras, además de incorporar la intervención extranjera como causal de nulidad electoral. Con esto, la entidad se sumó al bloque de congresos locales que respaldaron los ajustes impulsados desde el Congreso de la Unión.
En periodo extraordinario de sesiones, la Legislatura mexiquense aprobó con 56 votos a favor el proyecto de decreto que modifica disposiciones de la Constitución federal en materia judicial y electoral. Al tratarse de una reforma constitucional, el cambio requiere el aval de al menos 17 congresos estatales para su declaratoria de validez. En este entorno, el Estado de México se convirtió en la entidad número 12 en aprobar la minuta, por lo que este mismo viernes se completarán los congresos necesarios para promulgarla.
Esta reforma federal aplaza para 2028 la elección judicial que originalmente estaba prevista para 2027, y con ello se abre un nuevo periodo para ajustar las reglas de selección de candidaturas, la organización del proceso, el diseño de boletas, la integración de listados y los mecanismos de evaluación para jueces, magistrados y otras personas juzgadoras, así como a la armonización del marco legal mexiquense a este cambio.
La reforma también incorpora como causal de nulidad electoral la intervención extranjera, uno de los puntos que han sido más controvertidos del paquete aprobado en el Congreso federal. La mayoría morenista, del PT y PVEM sostuvo que la medida busca proteger la soberanía nacional y blindar los procesos electorales frente a posibles injerencias externas, como las que ha hecho EU en otros países; en contraste, legisladores de oposición advirtieron que la redacción puede abrir espacios de interpretación discrecional.
En la discusión local, diputadas y diputados de oposición cuestionaron que la reforma judicial original haya requerido ajustes tan pronto, después de la elección judicial de 2025, y señalaron que el aplazamiento confirma deficiencias de diseño, operación y participación ciudadana.
La bancada mayoritaria defendió que la modificación permitirá corregir problemas detectados en el primer proceso de elección judicial, dar mayor claridad a las reglas y preparar una contienda con condiciones más homogéneas para las candidaturas.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez Rodríguez, adelantó que una vez emitida la declaratoria constitucional comenzará el plazo de 60 días para armonizar la legislación mexiquense con el nuevo marco federal. Con base en los tiempos previstos, el Congreso local tendría como límite el primero de agosto para aprobar las leyes secundarias correspondientes.
El también coordinador de Morena señaló que la armonización no se limitará a trasladar los cambios federales al marco local, sino que deberá revisar la experiencia de la elección judicial de 2025 para corregir los aspectos que dificultaron su desarrollo.
Entre los temas que deberán analizarse, mencionó la eventual armonización entre la distritación judicial y la electoral, la integración de una comisión que homologue criterios para la selección de candidaturas, así como la reducción y ordenamiento de los listados que aparecerán en las boletas.
Vázquez Rodríguez planteó que el Congreso local deberá trabajar con los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, además del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), a fin de construir una legislación secundaria que dé viabilidad al siguiente proceso.
También anticipó que se revisará la posibilidad de crear una comisión plural para definir criterios de registro y evaluación de aspirantes a cargos judiciales. Afirmó que los partidos de oposición podrán participar en ese proceso, aunque les pidió asumir una postura propositiva y no sólo de rechazo.
Con el aval mexiquense, la Legislatura local quedó obligada a preparar una nueva etapa de discusión sobre el modelo judicial en la entidad, que incluirá no sólo los tiempos de la elección de 2028, sino también las reglas para candidaturas, promoción, coordinación institucional y eventual nulidad de comicios cuando se acredite intervención extranjera.