Un juez del Estado de México ordenó prisión preventiva justificada contra 15 presuntos integrantes de una red criminal con operaciones en el municipio de Santo Tomás de los Plátanos, en la zona Sur del Edomex. Los imputados enfrentan cargos por delitos como extorsión agravada, robo con violencia, lesiones, cohecho, abuso de autoridad, daño en los bienes y la evasión de Pedro Luis “N”, alias “Wicho”, presidente municipal electo para el periodo 2025-2027.
Durante las audiencias realizadas este lunes, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó datos de prueba que vinculan a los acusados con actividades ilícitas en contubernio con grupos delictivos que operan en la región.
Entre los imputados destacan Pedro Luis “N” y su madre, María de Jesús “N”, su hermana, Verónica “N”, y su sobrina, Simitria “N”. También figuran Vicente Matías “N”, padre de la actual presidenta municipal, María del Rosario “N”, así como funcionarios del Ayuntamiento, entre ellos la secretaria del Ayuntamiento, Violeta “N”; la primera regidora, María Raquel “N”; y el cuarto regidor, Luis Ángel “N”. Además, se acusó a los policías municipales Seferino “N”, Ángel “N” y Martín “N”.
Las mujeres identificadas como Eidy Lorena “N”, Araceli “N”, Litzy Mariana “N” y Nelida “N” también están bajo investigación por su presunta colaboración con este entramado delictivo.
Estas detenciones se llevaron a cabo los días 17 y 18 de diciembre como parte de la Operación Enjambre, el despliegue conjunto que realizaron la FGJEM, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) para desarticular redes de protección y financiamiento de grupos delictivos en municipios del Estado de México.
La Fiscalía ha señalado que esta red criminal utilizaba recursos públicos y presionaba a funcionarios del Ayuntamiento para facilitar actividades ilícitas como extorsión y actos de intimidación contra la población.
La Fiscalía consideró que la prisión preventiva justificada es necesaria para garantizar que los imputados no interfieran en el proceso legal. En los próximos días, se determinará su situación jurídica con base en las pruebas recabadas durante la investigación.
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