El Poder Judicial del Estado de México dictó una sentencia de 47 años y seis meses de prisión a Uriel Gutiérrez Balderas y a Erik Adrián Hernández Mejía, alias El Tocino, este último entonces integrante de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Nicolás Romero, quienes fueron hallados responsables del asesinato de un hombre identificado con las iniciales L.B.B.
Ambos fueron juzgados por hechos ocurridos el 9 de febrero de 2024 en la colonia La Libertad del municipio referido, donde, según estableció la investigación ministerial, la víctima se encontraba dentro de un local de alimentos cuando varios individuos llegaron a bordo de dos vehículos compactos. Uno de ellos, Uriel Gutiérrez, descendió y disparó armas de fuego contra el hombre, provocándole la muerte.
La indagatoria permitió determinar que Hernández Mejía y otros elementos municipales facilitaron la ejecución al bloquear la calle con una patrulla oficial para impedir el tránsito vehicular y así asegurar que los agresores actuaran sin interrupciones. Luego del ataque, los uniformados pasaron nuevamente por el lugar sin intervenir ni dar aviso, confirmaron las pruebas expuestas durante la audiencia del jueves 3 de julio.
La Fiscalía mexiquense atribuye a Hernández Mejía un papel activo dentro de un entramado delictivo que operaba en Nicolás Romero, donde elementos de seguridad pública colaboraban con grupos criminales para la comisión de homicidios y otros delitos de alto impacto. Fue detenido en junio de 2024 como parte de una investigación abierta tras el hallazgo de restos humanos en un predio de la colonia El Mirador, en el mismo municipio.
El 22 de abril de 2024, en un operativo conjunto con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem), la Célula de Búsqueda local y el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), autoridades localizaron en ese terreno restos humanos correspondientes a diez personas. Este hallazgo condujo a nuevas líneas de investigación que revelaron la existencia de una estructura criminal que incluía a al menos diez policías municipales activos.
La captura de Hernández Mejía formó parte de un conjunto de detenciones realizadas entre abril y junio de ese año, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC) y la Guardia Nacional. En ese periodo fueron aseguradas 21 personas, de las cuales casi la mitad laboraban en la corporación de seguridad municipal.
De acuerdo con la FGJEM, esta red criminal operaba en el municipio de Nicolás Romero y zonas colindantes, dedicándose a homicidios, desapariciones forzadas y protección de grupos delincuenciales, todo con la presunta complicidad de servidores públicos municipales.
A raíz de estas acciones, la Fiscalía estatal emprendió la llamada Operación Enjambre, una estrategia de inteligencia que busca desarticular redes de protección institucional a organizaciones criminales y que se centra en investigar la probable participación de exfuncionarios o funcionarios municipales en delitos de alto impacto.
Desde el inicio de esta operación, se han detenido a 60 personas, varias de ellas policías o exservidores públicos, señalados por su presunta colaboración con grupos generadores de violencia en diversas regiones del Estado de México.
La sentencia dictada este jueves representa el primer fallo judicial en el marco de dicha operación. La FGJEM reiteró que las investigaciones continúan para lograr la desarticulación total de las redes delictivas con vínculos institucionales en distintos municipios del estado.