Información de Gerardo Carmona
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) no acreditó con evidencia suficiente la entrega de bienes o la prestación de servicios en 47 instrumentos de contratación revisados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), entre ellos uno por 150 millones 610 mil pesos, de acuerdo con los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 que este jueves entregó al Congreso mexiquense la titular del órgano auditor, Liliana Dávalos Ham.
El informe forma parte de los resultados del Programa Anual de Auditorías a los Poderes del Estado, municipios y órganos autónomos que el OSFEM presentó esta mañana. En el caso del IEEM, la revisión identificó además falta de estudios de mercado, deficiencias para justificar adjudicaciones directas y contratos sin publicar en el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).
Los hallazgos se conocen en medio de la revisión de contrataciones electorales que siguió al escándalo y la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), y por la cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) requirió al organismo mexiquense expedientes de adquisiciones del año 2000 al 2025 y antecedentes de operaciones con nueve proveedores.
La auditoría del OSFEM concluyó que el IEEM “no cumplió con las obligaciones establecidas en los ordenamientos jurídicos y administrativos del proceso de contratación pública”. Determinó cinco resultados finales, 15 recomendaciones y tres pliegos de observación.
El instituto presentó documentación y aclaraciones durante el procedimiento; sin embargo, el OSFEM estableció que esa información no solventó los resultados preliminares. La revisión comprendió 82 instrumentos legales y recursos ejercidos por 193 millones 684 mil pesos, equivalentes a 96.9% del universo de contrataciones seleccionado. Ese porcentaje corresponde al alcance de la auditoría y no al presupuesto total del organismo.
Entre las observaciones de mayor relevancia, el órgano fiscalizador señaló que en 44 instrumentos agrupados en adjudicaciones directas por comité no se acreditó, mediante evidencia suficiente y competente, la prestación efectiva de servicios o la entrega de bienes. Encontró la misma deficiencia en otros dos contratos de invitación restringida y uno de adjudicación directa.
La suma de los importes ejercidos de esos 47 instrumentos asciende a 164 millones 136 mil pesos, según el cruce de los identificadores señalados con la tabla de contratos del informe. Esa cantidad corresponde al valor ejercido de las contrataciones involucradas y no a un daño patrimonial cuantificado por el OSFEM.
Destaca el contrato 108/25/AD, por 150 millones 610 mil pesos, que concentra aproximadamente 77.8% de la muestra fiscalizada. También fue señalada su modificación 258/25/MOD, por dos millones 250 mil pesos ejercidos. Sin embargo, el documento no identifica a los proveedores ni describe los bienes o servicios objeto de esas operaciones.
El OSFEM encontró falta de estudios de mercado en las distintas modalidades de contratación examinadas. En nueve procedimientos de adjudicación directa por comité, esa ausencia impidió determinar la modalidad que justificara exceptuar la licitación pública o la invitación restringida y asegurar las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
También estableció que tres procedimientos por comité, que comprendieron cuatro contratos, debieron tramitarse mediante invitación restringida conforme a los montos establecidos en el presupuesto estatal de 2025. En otros dos procedimientos, con ocho contratos, faltó documentación que comprobara la exclusividad invocada.
En materia de transparencia, el informe señala que 38 instrumentos agrupados en adjudicaciones directas por comité no fueron publicados en IPOMEX durante el ejercicio revisado. Además, en 30 contratos de esa modalidad faltó la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales de los proveedores.
Las deficiencias alcanzaron la planeación y supervisión de las compras: el IEEM careció de un programa anual de adquisiciones modificado para incorporar las contrataciones de la elección judicial extraordinaria de 2025 y de un manual de operación del comité de adquisiciones que complementara su marco jurídico. Tampoco celebró las sesiones ordinarias conforme al calendario aprobado ni presentó documentación que justificara su cancelación o reprogramación.
La revisión estatal fue programada antes de la crisis del INE. Sus resultados constituyen un antecedente para el escrutinio actual, aunque el informe no permite establecer si los contratos observados corresponden a las empresas sobre las cuales la ASF solicitó información.
El documento tampoco desglosa los montos de los tres pliegos de observación ni establece responsabilidades definitivas. La insuficiencia de pruebas sobre el cumplimiento contractual obliga a esclarecer el destino y aplicación de los recursos, pero por sí sola no demuestra que los bienes o servicios nunca se hayan entregado.